Goldfajn fue director de Política Económica del Banco Central de 2000 a 2003, trabajó en el Itaú Unibanco, uno de los bancos privados más grandes de Brasil, y en organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Fue designado al frente de un Banco Central al que el nuevo gobierno evalúa darle “autonomía técnica”, según informó en una conferencia el nuevo ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, quien presidió la entidad durante los ocho años del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
El acercamiento del gobierno de Temer al sector empresarial y financiero no es novedoso. Esa voluntad estaba destacada en un documento que publicó en octubre el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, del cual Temer es presidente. En el texto, elaborado por la Fundación Ulyses Guimarães -que trabaja en la promoción de políticas del PMDB-, se proponían lineamientos económicos distintos a los que llevaba adelante la presidenta Dilma Rousseff. Lo que en ese entonces fue considerado una afrenta, hoy se transforma en un texto de referencia.
En ese documento se propone que sea el Congreso, y no el Ejecutivo, el que distribuya la mayor parte del presupuesto nacional, se pide el fin de los porcentajes preestablecidos para educación y salud -que figuran en la Constitución- y terminar con el aumento automático del salario mínimo y de las prestaciones sociales de acuerdo con la inflación.
También figuran allí ideas que ha presentado Meirelles: la propuesta de una reforma del sistema jubilatorio y del régimen fiscal, la reducción de la deuda pública mediante el recorte del gasto y el impulso al sector privado que incluiría, según el documento, “las transferencias de activos que fueran necesarias, concesiones amplias en todas las áreas de logística e infraestructura [y] sociedades para complementar la oferta de servicios públicos”. Según el documento, “recrear un ambiente económico estimulante para el sector privado debe ser la orientación de una política correcta de crecimiento”.
Ante estas medidas, la Central Única de Trabajadores (CUT) advirtió en un comunicado que “habrá lucha contra los retrocesos” para “impedir que Brasil dé marcha atrás desde el punto de vista democrático, institucional y civilizatorio”. La CUT fue una de las centrales que faltó, el lunes, a la reunión convocada por Temer para tratar la reforma del sistema jubilatorio. Lo hizo con el argumento de que no se reúne con “golpistas”. Tras el encuentro se anunció la formación de un grupo de trabajo para discutir esta reforma. Sin embargo, los dirigentes sindicales advirtieron que la principal preocupación es el desempleo, que en abril llegó a 10,2%. Según dijo Meirelles en el encuentro, el Ejecutivo de Temer prevé que llegue a 14% este año.
No sólo las centrales sindicales pueden generar un freno al gobierno de Temer: algunos jefes de bancada ya rechazaron varias de sus iniciativas.
Camino conocido
Las denuncias de corrupción en el gabinete de Temer siguen siendo motivo de polémica. Ayer fue el presidente de la asociación que reúne a los policías federales, Carlos Eduardo Sobral, quien dijo que “es un motivo de preocupación” que fueran designados en cargos de ministros ocho hombres que son investigados por la red de corrupción en Petrobras.
Pero el propio Temer puede enfrentar dificultades judiciales. El juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello, elevó al plenario de esa corte su recomendación de que la Cámara de Diputados siga adelante con el pedido de impeachment contra el ahora presidente en funciones. En ese pedido se lo acusa de haber violado la ley de presupuesto y la meta fiscal establecida por el Congreso al haber firmado decretos sobre el manejo del presupuesto. Por el mismo motivo se acusa a Rousseff. Mello argumentó que, ante casos idénticos, si uno es juzgado, el otro también tiene que serlo. El STF todavía no estableció una fecha para tratar el pedido de impeachment contra Temer.
