El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, extendió el viernes el decreto de estado de excepción y emergencia económica para poder “derrotar el golpe de Estado”, la “guerra económica” y “estabilizar socialmente” el país, según anunció en un Consejo de Ministros que fue transmitido en cadena nacional de radio y televisión. El presidente agregó que este decreto le permitirá “enfrentar todas las amenazas internacionales y nacionales” y, aunque no profundizó en los detalles, aseguró que es “más completo” y “más integral” que el que firmó a principios de año. Este régimen no había sido aprobado por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, pero el Tribunal Supremo de Justicia lo declaró constitucional de todas maneras. Algo similar podría ocurrir en esta ocasión.

El sábado, la oposición venezolana –reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)- cuestionó la legalidad del nuevo decreto. El portavoz de la MUD, Jesús Torrealba, dijo que Maduro es “un presidente desesperado que se coloca al margen de la legalidad”, y agregó: “Si llega a emitir un decreto de excepción sin consultar a la Asamblea Nacional, estaríamos hablando técnicamente de un autogolpe. Para que este decreto tenga validez legal, ha debido ser discutido antes por la Asamblea Nacional de Venezuela y eso no se hizo”.

Estas declaraciones fueron realizadas en el marco de una concentración en Caracas, que fue convocada por los partidos opositores para exigir a las autoridades electorales que aceleren la tramitación del referéndum revocatorio del mandato de Maduro, que les permitiría apartarlo del cargo antes de que termine el año. Para la alianza opositora, el Consejo Nacional Electoral (CNE) está retrasando el proceso, cuando ya se cumplen dos semanas desde que fueran presentadas 1,8 millones de firmas para iniciar el procedimiento de convocatoria a esa consulta. Durante la manifestación, los líderes de la oposición exigieron al CNE que trabaje en la verificación de las firmas para activar el trámite “lo antes posible”.

Si el referéndum revocatorio del mandato presidencial no se convoca en 2016 y, por ejemplo, se lleva adelante el año que viene, la Constitución venezolana establece que sería el vicepresidente quien concluiría el mandato de Maduro y no se celebrarían nuevas elecciones. Esto es lo que la MUD quiere evitar. “No hay ninguna razón para que este año no haya revocatorio, salvo que quieran trancar la vía democrática”, dijo el sábado el líder opositor, Henrique Capriles, antes de llamar a una nueva movilización para este miércoles en las puertas de la sede del CNE.

El mismo sábado, el presidente acusó a la oposición de buscar generar violencia con las protestas callejeras para “justificar una intervención extranjera” y llamó a las fuerzas armadas de su país a iniciar “ejercicios militares” para responder a la “amenaza”. Maduro dijo que el viernes, en Washington, se realizó una reunión “de conspiración contra Venezuela” en la que el ex presidente colombiano Álvaro Uribe planteó la intervención militar en el país. Según el mandatario venezolano, “lo que ha hecho Uribe constituye un delito internacional”, y aseguró que su país va a “activar todas las acciones nacionales e internacionales” para “enjuiciarlo”.

En tanto, Amnistía Internacional advirtió ayer, en un comunicado, que el decreto firmado por Maduro “pone en mayor riesgo la ya frágil situación de derechos humanos” en Venezuela y advirtió que las medidas derivadas del estado de excepción no deben ser usadas para reprimir las manifestaciones pacíficas o para justificar la detención arbitraria de quienes participen.