El calendario electoral brasileño, al igual que el de los Juegos Olímpicos, se mantuvo intacto pese a la crisis que desató el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. La semana pasada, las autoridades electorales informaron que en las elecciones del 2 de octubre se postularán unos 530.000 candidatos a cargos de alcaldes y ediles de más de 5.500 ciudades. Podrán comenzar sus campañas electorales a partir del martes 16, cuando todavía no habrá finalizado el juicio político a la presidenta. Se prevé que ese proceso contra Rousseff termine a fines de agosto o comienzos de setiembre.

El Tribunal Superior Electoral anunció también cuáles serán los límites de gastos en propaganda que podrán hacer los candidatos a alcalde, que fueron establecidos en una reforma electoral que se aprobó en 2014 para evitar el financiamiento de campañas por parte de grandes capitales. Ahora los partidos políticos recibirán fondos del Estado o de particulares.

El tope de gastos se vincula con el número de votantes de cada región. Es así que en San Pablo, con 45,5 millones de habilitados para votar, cada candidato a alcalde podrá gastar hasta unos 14 millones de dólares, y si hay segunda vuelta, unos cuatro millones más, informó la agencia de noticias Efe. En los municipios más chicos, con menos de 10.000 votantes, el límite es de poco más de 33.000 dólares por candidato a la alcaldía.

Mañana, cuando se inauguran los Juegos Olímpicos, vence el plazo para presentar las alianzas y coaliciones entre partidos. Para ese mismo día está prevista también la lectura en el Senado del informe que elaboró la comisión a cargo del juicio político. Ese documento, que fue divulgado el martes, tiene como autor al senador que actúa como instructor de ese proceso, Antônio Anastasia. En el texto, Anastasia considera que las maniobras fiscales atribuidas a Rousseff son motivo suficiente para su destitución. Está previsto que el martes 9 el plenario del Senado se pronuncie sobre este informe, que será votado hoy en la comisión.

Para el defensor de Rousseff, José Eduardo Cardozo, Anastasia omitió pruebas, por ejemplo un informe de la Fiscalía que concluye que Rousseff no cometió ningún delito penal, aunque también afirma que se comprobaron irregularides en el manejo presupuestal. Además, Cardozo dijo que Anastasia no citó todo el informe de expertos del Senado que llega a la conclusión de que no está comprobada una “participación directa” de Rousseff en la contratación de préstamos de la banca pública al Ejecutivo sin pedir el aval del Parlamento.

Si bien el calendario electoral no cambia por la crisis en el Poder Ejecutivo, que pasó de manos del Partido de los Trabajadores (PT) a las del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, sí cambia el contexto de la votación. En mayo, el Directorio Nacional del PT emitió una resolución en la que manifestó que estas son las primeras elecciones desde la dictadura que se desarrollarán bajo un gobierno “ilegítimo”. El mismo documento, citado por Telesur, considera que en este marco las elecciones serán un frente de resistencia para el partido, que según prevé, será blanco de ataques de sus rivales de derecha y de los medios de comunicación.