La coalición opositora Chile Vamos exigió a la presidenta, Michelle Bachelet, que endurezca el proyecto de ley de migraciones que presentará el gobierno en los próximos días y cuyo contenido se filtró a los diarios La Tercera y El Mercurio.

El debate acerca de los inmigrantes se planteó en Chile a fines de diciembre, cuando el precandidato opositor y ex presidente Sebastián Piñera vinculó el aumento del ingreso de extranjeros al país con un crecimiento de la delincuencia. "Hay que expulsarlos", exigió en ese entonces. Desde el oficialismo recibió críticas, pero también se planteó que el gobierno estaba trabajando en un proyecto de ley en este sentido.

Con este telón de fondo, el domingo 15 se movilizaron inmigrantes y organizaciones civiles que defienden sus derechos, que reclamaron que la nueva normativa garantice que estas minorías no sean discriminadas y que accedan a la educación y la salud. La Coordinadora Nacional de Inmigrantes, que aglutina a varias organizaciones y convocó la marcha, planteó en un comunicado que es necesario que la sociedad chilena "se solidarice" con los inmigrantes y criticó las propuestas de "la derecha", que "alienta odios y promueve serias tensiones, cuyo resultado puede ser violento". El borrador del proyecto que presentará el gobierno antes de que termine enero incluye una serie de pasos judiciales que pueden utilizar los inmigrantes ilegales si se presenta una orden de expulsión en su contra. Además, la iniciativa prevé que los inmigrantes que cometan un delito no sean expulsados automáticamente del país, una posibilidad que está prevista en la normativa vigente.

Este último fue el punto más criticado por Chile Vamos, que exigió que los inmigrantes tengan penas más duras que los chilenos si cometen un delito, incluyendo entre ellas la posibilidad de la expulsión. "Lo que corresponde es la expulsión inmediata", aseguró el senador opositor Manuel José Ossandón. Además, consideró que el permiso de visitante "de larga duración", de dos años, previsto en el borrador del proyecto de ley, es una amenaza a los puestos de trabajo ocupados por chilenos.