Documentos de la Secretaría Nacional de Inteligencia de Ecuador (Senain) muestran que el organismo vigiló a personas y organizaciones opositoras durante el mandato del ex presidente Rafael Correa, con el objetivo de controlar a los detractores y defender así “la estabilidad democrática”. La información fue publicada días después de que el actual mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno, acusara a Correa de haber colocado una cámara oculta en el despacho presidencial para espiarlo.

“El gobierno de Rafael Correa instaló en el país un sistema de policía política propio de las autocracias”. Con esa afirmación comienza el artículo del diario ecuatoriano Expreso que revela el contenido de los documentos de la Senain, a los que tuvo acceso. De acuerdo con el diario, los textos –fechados entre 2010 y 2014– muestran que la secretaría de inteligencia llevaba adelante un plan de vigilancia que abarcaba el entorno personal, familiar y profesional de líderes opositores, organizaciones sociales, periodistas, abogados, empresarios e incluso tuiteros. La Senain, que califica a todos los involucrados de actores “tóxicos”, señala que la estrategia de vigilancia se basa en la premisa de que “defender la estabilidad democrática de la república implica espiar y tener bajo control a los opositores”.

El gobierno de Correa llegó a invertir más de 44 millones de dólares para la Senain, con gastos en obras de infraestructura y compra de equipos de última generación como cámaras y micrófonos, según informa Expreso.

Los documentos no muestran evidencias de que el organismo del Estado haya pinchado teléfonos o hackeado correos electrónicos. Sin embargo, dan cuenta de que este tipo de averiguaciones se hacían para que el gobierno tuviera el control y pudiera anticiparse a posibles manifestaciones de rechazo.

“Hay todo tipo de diagramas, esquemas, organigramas de esos que utiliza la Policía en las películas para graficar las relaciones de poder y dependencia al interior de una mafia, con fotografías y fechas. Sólo que en lugar de las mafias, la Senain dedicó su tiempo a seguir a los movimientos sociales y políticos legítimos”, denuncia el periódico ecuatoriano. Un ejemplo que cita es el seguimiento y monitoreo que la secretaría hizo, entre 2013 y 2014, de la campaña de recolección de firmas para evitar la explotación del yacimiento petrolero del parque Yasuní, lanzada por el colectivo indígena Yasunidos.

Pero Correa no sólo vigilaba a quienes se le oponían: de la lupa tampoco zafaron algunos miembros de su propio gobierno, como el vicepresidente Jorge Glas –entonces ministro y después vicepresidente de Correa, y quien ahora es investigado por asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht– y el ex ministro Richard Espinosa –actualmente al frente del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social–.

El mismo día que se publicaron los documentos, los partidos opositores pidieron en sesión parlamentaria que se modificara el orden del día para hacer comparecer al secretario nacional de inteligencia, Rommy Vallejo. La propuesta fue rechazada, entre aplausos, por la mayoría del gobernante partido Alianza País.

La información salió a la luz dos semanas después de que un enojadísimo presidente Moreno acusó a su antecesor de espiarlo con una cámara oculta que había sido instalada de forma secreta en el despacho presidencial “hace siete u ocho años” y que, según el presidente, Correa “monitoreaba desde su teléfono celular”.

Correa negó haberlo hecho y tildó la acusación de “ridícula”. Eso no evitó que la Fiscalía iniciara una investigación al respecto el mismo día. Entre los delitos que podría enfrentar el ex mandatario están el de espionaje y el de atentado contra la seguridad del Estado. El primero, porque hubo una violación a la privacidad de Moreno. El segundo, porque en la oficina del presidente se discuten temas confidenciales, delicados y de relevancia para el país.