El Tribunal Constitucional (TC) de España resolvió dejar en suspenso, de forma cautelar, el acuerdo del Parlamento catalán que fija para el lunes la comparecencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para abordar los resultados del referéndum del domingo y declarar la independencia. Sin embargo, desde el Parlamento catalán advirtieron que un plenario que “no fue formalmente convocado”, como es el caso, no puede ser suspendido. La Asamblea Nacional Catalana, una de las principales organizaciones sociales independentistas, ya instó a los ciudadanos a que se “preparen” para salir a las calles.

Puigdemont había anunciado su voluntad de comparecer el lunes ante el Parlamento catalán para “valorar los resultados y los efectos” del referéndum. Algunas horas después, las bancadas le dieron la luz verde. Se prevé que en esa sesión se declare formalmente la independencia de Cataluña, ya que así lo establece la Ley de Referéndum en caso de que en la consulta del domingo ganara el Sí, tal como sucedió.

Sin embargo, ayer, el TC acordó dejar en suspenso de forma cautelar la decisión del Parlamento catalán de convocar a Puigdemont. De esa forma, el tribunal admitía un recurso de amparo que presentó el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) con el argumento de que si en esa sesión parlamentaria se declarara la independencia se produciría un “quebrantamiento de la Constitución”. Los socialistas catalanes explicaron además que el acuerdo vulnera el derecho de los diputados “a ejercer los cargos y funciones públicas en condiciones de igualdad, sin perturbaciones ilegítimas, con los requisitos señalados en las leyes”.

En la solicitud, el PSC invocaba el artículo 56.6 de la Ley Orgánica del TC, que lo habilita a suspender de forma total o parcial el objeto del recurso de amparo –en este caso, la petición de comparecencia de Puigdemont– en el momento “de la admisión a trámite” de un recurso de amparo. Los magistrados del TC notificaron la decisión a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa que conduce el órgano legislativo, controlada por partidos soberanistas. El tribunal advirtió que quienes lleven adelante iniciativas que supongan “ignorar o eludir la suspensión acordada” podrían ser castigados, incluso penalmente.

También lanzó sus propias advertencias el presidente de España, Mariano Rajoy, quien ayer instó a Puigdemont a suprimir “a la mayor brevedad posible” su plan de declarar de manera unilateral la independencia, porque esa es “la mejor solución” y, además, así “se evitarán males mayores”. En cambio, le exigió una “pronta vuelta a la legalidad”, en una entrevista con la agencia de noticias Efe. Uno de esos “males” podría ser la aplicación del artículo 155 de la Constitución –que permite al gobierno eliminar de manera forzada la autonomía de una comunidad autónoma–, aunque Rajoy dijo ayer que la mejor alternativa es que los dirigentes de la Generalitat “vuelvan a la legalidad”.

También el vicesecretario de comunicación del gobernante Partido Popular (PP), Pablo Casado, recordó a Puigdemont las consecuencias legales y penales que pueden sufrir los promotores de la independencia de Cataluña. “Que se deje de declaraciones y que vaya preparando su declaración ante la Justicia, que espero que pague sus delitos. El PP estará sin complejos ni atajos con la Constitución y nuestro estado de derecho. Señor Puigdemont, así no. Cataluña nunca ha sido independiente y nunca lo será”, dijo esta semana.

A pesar de las advertencias, Forcadell aseguró ayer que la sesión del lunes no está formalmente convocada, por lo que no se puede aplazar. “Suspender plenos que no están ni convocados es la nueva oferta de diálogo” del Estado, ironizó la dirigente en un mensaje de Twitter. Fuentes de la presidencia del Parlamento catalán insistieron en lo mismo y lamentaron que la decisión del TC demuestra “de nuevo” que es “un tribunal politizado y absolutamente deslegitimidado”, según citó el diario español Público.

Los partidos independentistas en el Parlamento catalán aseguraron a sus bases que el plenario sesionará, por lo que pidieron una “movilización máxima” en la calle ese día. En la misma línea se expresó la organización Asamblea Nacional Catalana, que llamó a permanecer en las calles para seguir defendiendo “los derechos y libertades” de los catalanes.

Desencontrados

Mientras tanto, los partidos políticos de la oposición intentan afinar estrategias en torno a lo que los medios españoles llaman “el desafío soberanista” catalán. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) todavía no definió una postura clara y tampoco logró establecer un consenso con sus hermanos del PSC. Hasta ahora, los socialistas habían exigido a Rajoy que se siente a negociar con Puigdemont para lograr un acuerdo. Sin embargo, después del domingo, matizaron el discurso y ahora exigen a la Generalitat que vuelva a la “legalidad” para, a partir de ahí, sentarse a hablar con el gobierno español. El PP no tiene intención de hablar con el presidente catalán si no renuncia a los planes independentistas.

Para llegar a una posición unitaria sobre “las excepcionales circunstancias” en Cataluña, Pedro Sánchez convocó ayer a todos los órganos de dirección del PSOE –la Ejecutiva, el Comité Federal y el Consejo de Política Federal–. La convocatoria todavía no tiene fecha, aunque el líder socialista pidió a los dirigentes que mantengan “liberada la agenda” durante toda la próxima semana. El primer partido de la oposición no dio pistas sobre lo que se debatirá en las reuniones, que dependerá “en buena medida del devenir de los acontecimientos”, explicó Sánchez. Especialmente de lo que pase el lunes.

El PSOE fue duramente criticado esta semana por líderes de otros partidos de la oposición, por adoptar una posición similar a la del PP respecto de la represión policial que tuvo lugar el domingo, cuando lo catalanes intentaban votar en el referéndum. Esa jornada culminó con más de 800 heridos y provocó, en estos días, protestas en toda Cataluña.

Uno de los más críticos fue el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que ahora ha adoptado una posición más conciliadora. Iglesias pidió el miércoles al gobierno español y a la Generalitat que elijan a un grupo de mediadores para iniciar un diálogo que permita destrabar la situación en Cataluña. “Es una situación difícil, hay que esforzarse para tratar de abrir puentes, pero pensamos que nuestra democracia se merece ese esfuerzo”, defendió el líder izquierdista, que aseguró haber trasladado personalmente la propuesta a Rajoy y a Puigdemont. Precisó que ninguno de los dos “ha dicho que no”.

La iniciativa surgió de una reunión de la mesa de partidos políticos “por la libertad, la fraternidad y la convivencia”, celebrada el miércoles en el Congreso. Iglesias intentó convencer al PSOE varias veces de que se sumara a esa mesa, pero no tuvo éxito.

La propuesta ya cuenta con el respaldo de todas las fuerzas del grupo parlamentario de Iglesias, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y también fue apoyado por Esquerra Republicana de Catalunya, el Partido Demócrata Europeo Catalán –al que pertenece Puigdemont–, el Partido Nacionalista Vasco y el valenciano Compromís.