“Las nuevas normas acaban con la lucha contra el trabajo esclavo en Brasil”, dijo a varios medios de comunicación Tiago Cavalcanti, coordinador de la dirección de Erradicación del Trabajo Esclavo de la Fiscalía de Brasil. Cavalcanti se refería a la nueva normativa para la definición y regulación del trabajo esclavo dictada por el gobierno de Michel Temer, que se publicó el lunes en el diario oficial de Brasil. En esta normativa, entre otras cosas, se establece que para que exista esclavitud debe haber una privación de la libertad de movimiento del trabajador, una condición considerada excesiva por especialistas en el área y organizaciones sociales. Estas modificaciones se aplican exclusivamente a la condición de trabajo esclavo; no así a otras figuras penalizadas en la legislación brasileña, como el trabajo forzado o en condiciones degradantes, y la jornada exhaustiva.

En declaraciones a la agencia de noticias Efe, Cavalcanti aseguró que estas nuevas normas “alteran directamente el corazón de la legislación, que es el concepto del trabajo esclavo”, y agregó que “limitar la definición de trabajo esclavo a la restricción de ir o venir es una equivocación histórica y jurídica”.

Cavalcanti consideró que la modificación es una demostración de que “el gobierno está entregado a quien esclaviza”, y que se suma a otras dos medidas adoptadas por Temer que favorecen a los empresarios rurales en general y a la bancada ruralista en particular. La primera es la reducción del presupuesto disponible para la lucha contra el trabajo esclavo; los fondos adjudicados al Ministerio de Trabajo se redujeron a la mitad en 2017, en comparación con 2016, y los destinados a la unidad que lucha contra este delito descendieron a menos de un tercio, de diez a tres millones de dólares.

La segunda medida fue la destitución de André Esposito Roston, responsable de la unidad del Ministerio de Trabajo que se dedica a perseguir el trabajo esclavo, hace una semana, días después de que entregara la última actualización de la “lista sucia”, en la que aparecen enumeradas las empresas que esclavizan a sus trabajadores. El gobierno no justificó la destitución de Roston, pero aseguró que “el combate al trabajo esclavo no depende de una persona”, y que el cambio puede “revitalizar” las actividades de esa unidad.

A diferencia de años anteriores, la “lista sucia” no fue publicada enseguida de su elaboración. Las nuevas normas aprobadas por el gobierno de Temer disponen que se publique únicamente cuando exista el aval del titular del Ministerio de Trabajo para hacerlo, una condición que antes no se exigía.

También se manifestó en contra de las modificaciones el fiscal general del Trabajo, Luiz Eduardo Guimarães Bojart, quien advirtió que las modificaciones van en contra de la “construcción de una sociedad justa, digna y comprometida con el trabajo decente”.

Organizaciones internacionales se sumaron a las críticas a las modificaciones aplicadas por el gobierno de Temer. El coordinador del Programa de Combate al Trabajo Forzado en Brasil de la Organización Internacional del Trabajo, Antônio Carlos de Mello Rosa, dijo que hay “preocupación” por la modificación, a la que calificó de “retroceso”, y lamentó que “Brasil deja de ser referencia en la comunidad internacional en materia de combate a la esclavitud”. Por su parte, el consejero del Fondo de las Naciones Unidas contra el Trabajo Esclavo, Leonardo Sakamoto, también criticó las medidas e incluyó un nuevo factor: consideró que Brasil puede sufrir “problemas graves en el comercio internacional” si deja de publicar la lista sucia. “La lista permite que un comprador externo elimine a un proveedor en lugar de imponer una barrera a todas las empresas agrícolas en Brasil. Gigantes del sector alimentario global usan esa lista; Brasil puede tener todo el sector agrícola bloqueado si no separa la paja del trigo”.

Desde el mismo sector agrícola surgieron críticas de agrupaciones de empresas que defienden las prácticas laborales responsables, como el Instituto Ethos, que reúne a 500 empresas del agronegocio. En un comunicado, su presidente, Caio Magri, criticó estas medidas, que involucran a la lista sucia en “una cuestión política”, lo que “genera inseguridad y afecta la credibilidad” de su elaboración. Al igual que Sakamoto, el Instituto Ethos indicó que la lista es “el instrumento más importante del mundo” para el sector, y criticó la reducción del presupuesto destinado a la lucha contra el trabajo esclavo.