Dos días después del referéndum independentista, varios sectores catalanes se organizaron para llevar adelante lo que llamaron el “paro de país”, una doble convocatoria que incluyó un paro general –convocado por sindicatos y centrales obreras– y movilizaciones callejeras en distintos puntos de Cataluña. El objetivo, en ambos casos, era el mismo: repudiar la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante la jornada del domingo, que culminó con más de 800 heridos.

Los centros educativos permanecieron cerrados, las oficinas públicas estaban trancadas con llave, el transporte se paralizó y en los hospitales funcionó sólo el servicio de emergencia. La situación de la actividad en los comercios no se podría generalizar: algunos funcionaban, otros no, varios estaban abiertos pero con la persiana a medio bajar. Además, la jornada empezó con más de 50 carreteras catalanas cortadas, incluidos varios puntos de la autopista que conecta con Francia. El acatamiento del paro fue “masivo”, dijo la consejera catalana de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa, cuando todavía era de mañana. Sólo las grandes cadenas comerciales y el sector de la industria pesada trabajaron con normalidad.

El paro fue convocado por organizaciones sociales independentistas como Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, y por las centrales sindicales Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, en repudio a la violencia policial desatada el domingo, cuando los catalanes intentaban acudir a las urnas para votar en un referéndum independentista que el Tribunal Constitucional había ordenado suspender.

La parálisis de la actividad laboral contrastó con la movilización de miles de personas que inundaron las calles de Cataluña con el mismo fin: rechazar la represión de las fuerzas de seguridad y abogar por la soberanía catalana. La principal marcha se trasladó desde una desbordada Plaza Universitat de Barcelona hasta el Parlament, con consignas como “las calles serán siempre nuestras”, “fuera las fuerzas de ocupación” e “independencia”. Antes de iniciar el recorrido, los manifestantes hicieron un minuto de silencio por los heridos del domingo.

También se concentró gente en las puertas de la sede de la Policía Nacional, así como frente a locales del Partido Popular (PP) al que pertenece el presidente de España, Mariano Rajoy. Sólo en Barcelona se movilizaron 300.000 personas, según datos de la Guardia Urbana. La jornada transcurrió sin incidentes –el presidente catalán, Carles Puigdemont, había pedido a la población que no se dejara “llevar por provocaciones” y que llevara adelante una “protesta cívica”– y con poca presencia policial.

Mientras la Generalitat celebró el paro, el portavoz del PP en el Parlamento español, Rafael Hernando, dijo que las movilizaciones eran “de corte nazi” y acusó a sus organizadores de “querer que haya muertos en Cataluña”. Por su parte, Rajoy manifestó en Twitter su “total apoyo” a las fuerzas de seguridad que están trabajando en tierras catalanas, sin dar más detalles.

El que no se guardó nada fue el rey Felipe de Borbón, quien, en cadena nacional, reconoció que el país está viviendo “momentos muy graves”. Felipe acusó a la Generalitat de “vulnerar sistemáticamente” las “normas aprobadas legal y legítimamente”, “demostrar una deslealtad inadmisible” y “fracturar la convivencia”, acciones que, a su entender, se hicieron “totalmente al margen del derecho y de la democracia”. Para el rey, Puigdemont y el resto del gobierno catalán “han podido poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España” con su conducta “irresponsable” y su “menosprecio a los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles”.

Finalmente, intentó dar un mensaje de aliento a quienes “sienten” lo mismo que él: “Les digo que no están solos, ni lo estarán; que tienen todo el apoyo y la solidaridad del resto de los españoles, y la garantía absoluta de nuestro Estado de Derecho en la defensa de su libertad y de sus derechos”.

Los unos y los otros

En tanto, el ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido, aseguró que hará “todo lo necesario” para frenar el “asedio” contra los funcionarios de la Guardia Civil y la Policía desplazados en Cataluña. Se refería a las concentraciones pacíficas de manifestantes que se han producido desde el domingo frente a los lugares en los que se hospedan los funcionarios de seguridad.

En el marco de este “asedio”, la Fiscalía de Barcelona ordenó ayer investigar la expulsión de dos hoteles de varios funcionarios de la Policía Nacional por considerar que podría constituir un “delito de odio”. La fiscal de Barcelona, Ana Magaldi, dijo que se enteró de las expulsiones por la prensa y las redes sociales y señaló como posibles responsables a la alcaldesa del municipio de Calella, Montserrat Candini, y la primera teniente de alcalde de Pineda de Mar, Carme Aragonès.

En un comunicado conjunto, las autoridades de los hoteles implicados negaron que haya habido presiones para que los funcionarios policiales fueran desalojados, aunque precisaron que ambas empresas han acordado plantear ante los representantes del gobierno español en Barcelona que es conveniente anticipar su salida, prevista inicialmente para mañana, “por razones de seguridad y con la finalidad de garantizar la convivencia social”.

Por otro lado, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que hasta ahora ha mantenido una postura similar a la del PP respecto de la actuación policial del domingo –declaró que los policías “sólo hacían su trabajo”–, presentó ayer un pedido de interpelación a la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, a quien atribuye la gestión de lo acontecido en Cataluña. La portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, explicó que el partido eligió como herramienta la interpelación y no la comparecencia, porque de esta última puede derivar una moción en la que las bancadas votan y fijan posición. Durante esa interpelación, dijo Robles, el PSOE presentará una moción para “reprobar” a la vicepresidenta, quien a su entender fue la que dio “instrucciones” a los funcionarios desplegados en Cataluña el domingo con un “contenido político clarísimo”. Cuestionó que “mientras en Cataluña había cargas con heridos de ciudadanos y agentes, mientras había ciudadanos votando, la vicepresidenta hiciera una comparecencia diciendo que no estaba pasando nada”.

La coalición de izquierda Unidos Podemos ya anunció que apoyará esa reprobación, pero instó al líder socialista, Pedro Sánchez, a presentar una moción de censura para desplazar a Rajoy del gobierno. “Con una reprobación no es suficiente. Si el PSOE quiere reprobar y no a medias, el único mecanismo es la moción de censura”, dijo la vocera parlamentaria de la alianza, Irene Montero.

Para el PP, la iniciativa de los socialistas es “inoportuna e irresponsable”, según dijo Hernando. “Lo que necesita la sociedad es mensajes de unidad y no de confrontación”, agregó el portavoz.

Los partidos opositores españoles piden desde el domingo la comparecencia de Rajoy para informar sobre la situación actual y futura de Cataluña. La Junta de Portavoces del Congreso confirmó ayer que esa sesión tendrá lugar la semana que viene, aunque todavía no se fijó la fecha exacta, que dependerá de la agenda del gobierno.