Anuncian nuevas medidas para frenar contaminación en el Santa Lucía

En marzo de 2013, el mal olor y sabor que despedía el agua que salía de las canillas en el área metropolitana recordó a la población y a los gobernantes que el agua es un recurso finito. Los comunicados de OSE no fueron suficientes para detener la alarma, y ese mismo año, el gobierno lanzó el Plan de Acción para la Cuenca del Santa Lucía.

Fueron 11 medidas centrales que en cuatro años tuvieron un cumplimiento dispar. De ello da cuenta el informe de la Unidad Reguladora de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (Ursea) que se hizo público este año, encargado a la empresa Estudio Ingeniería Ambiental. Hubo avances “exiguos o nulos” en la implementación de técnicas para el control de fuentes difusas relacionadas con las actividades agropecuarias, y mientras que el sector industrial internalizó los costos de las inversiones requeridas, “el sector agropecuario está muy lejos de estar en esa situación y prácticamente no ha asumido dichos costos”, según el documento.

El informe de Ursea recomendó establecer estándares de calidad del agua a ser alcanzados, incorporar un programa oficial de monitoreo que permita centralizar la información sobre la calidad de las aguas, identificar y mapear las zonas más críticas, y establecer inspecciones de campo en esas zonas críticas, entre otras sugerencias. Advirtió, al mismo tiempo, que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) “aún no ha desarrollado todas las herramientas prácticas para actuar sobre todas las actividades que puedan generar contaminación, con lo que varias actividades quedan fuera de su control”. También señaló que la normativa vigente “presenta una fuerte superposición de competencias”, lo que “hace más dificultosa una acción coordinada de todos los actores”.

En los últimos dos años, algunas innovaciones institucionales dan cuenta de la voluntad del gobierno de coordinar y sistematizar la gestión ambiental. En 2015 se instaló la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, actualmente a cargo del ex titular del MVOTMA Carlos Colacce. Y en junio de 2016 se creó el Sistema Nacional Ambiental, que nuclea a todas las instituciones estatales vinculadas al tema.

La secretaría es, precisamente, la que está coordinando la elaboración de una “nueva generación de medidas” o “actualización del plan de acción” para la cuenca del Santa Lucía, como lo denomina Colacce. “Estamos trabajando en eso como un norte de la secretaría”, dijo a la diaria. No será sólo un paquete de medidas concretas sino que incluirá “un cronograma interactivo” que especifique qué conocimiento se precisa para avanzar en cada etapa, por lo que será un plan “dinámico”. Se proyecta incorporar también previsiones de la situación de los nutrientes en futuros años en distintos escenarios, a partir de modelos hidrológicos, lo que permitirá “tomar las decisiones con base sólida”, destacó Colacce.

Además, se incorporarán evaluaciones costo-beneficio, un plan de comunicación a la población y los mecanismos de control a distancia que ya existen desde 2016 a partir de la implementación de la iniciativa “Cuenca inteligente”. Colacce explica que el plan tomará en cuenta las “lecciones aprendidas” y los problemas de ejecución que actualmente existen.

Las medidas de la “nueva generación” se discuten a varias bandas. Por un lado, hay reuniones institucionales de los actores involucrados, el MVOTMA y los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), de Industria, Energía y Minería (MIEM) y OSE, entre otros. En tanto, la medida vinculada a la zona de amortiguación se discute en la comisión de cuenca del Santa Lucía.

Más amortiguados

El plan de acción para el Santa Lucía de 2013 estableció una medida que se materializó en 2015, a través de un decreto del MVOTMA. Se creó una zona de amortiguación en los afluentes principales del Santa Lucía, donde no se puede trabajar la tierra ni utilizar agroquímicos, de manera de evitar que las actividades productivas y la falta de vegetación natural agraven los procesos de erosión y pérdida del suelo e intensifiquen la contaminación difusa que se produce cuando contaminantes y nutrientes como el fósforo pasan del suelo al agua por escurrimiento superficial.

La comisión de cuenca del Santa Lucía designó en 2015 una subcomisión sobre zona de amortiguación, que a paso lento analiza la ampliación de la zona de amortiguación existente. La propuesta del MVOTMA es ampliarla a los afluentes de segundo orden del río (ver mapas). Esto implicaría pasar de los actuales 680 kilómetros de cobertura a 1.730, agregando 1.050 kilómetros de nuevos arroyos. Actualmente, la zona de amortiguación cubre aproximadamente 4.760 hectáreas, y pasaría a cubrir 10.010.

El 8 de diciembre de 2015 se realizó la primera reunión de la subcomisión, en la que se analizó el impacto de la medida actual y los mecanismos de control. El investigador Luis Aubriot, en representación de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, planteó en esa instancia que debían protegerse las nacientes de las cuencas y evaluar el impacto de los tajamares y las pequeñas cañadas, que no están alcanzados por la medida y que muchas veces desembocan en los cursos principales del Santa Lucía.

La segunda reunión se hizo casi un año después, el 22 de noviembre de 2016. Allí la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) informó que el control del cumplimiento de esta medida lo realiza básicamente a través de denuncias y posteriores inspecciones. El visualizador ambiental del MVOTMA tiene identificados los padrones que incumplen la medida (ver mapa). La Dinama informó en la reunión que inspeccionó por su cuenta 16 predios, y que cinco de ellos no estaban cumpliendo la normativa. Como “caso paradigmático de incumplimiento” está el de un predio de la Intendencia de Florida que es un parque municipal de libre acceso, donde hay una pista de motocross.

En la reunión de 2016, también se planteó la posibilidad de excluir el acceso del ganado a abrevar en los cursos de agua mediante alambrados. Según consta en el acta de la reunión, Silvana Delgado, en representación del MGAP, consideró que la infraestructura productiva “no está preparada para que el ganado no acceda a los cursos de agua, y además los costos son altos”.

La tercera reunión transcurrió también casi un año después que la segunda, el 11 de octubre de 2017. En este encuentro se habló de algunos problemas prácticos que surgen en la definición de la zona de amortiguación, como el manejo de malezas y el impacto de los cauces de agua que no son ni río, ni arroyo ni cañada, como el caso de declives de suelo donde se junta agua.

Luis Reolón, de la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua), presentó un trabajo sobre la incidencia en el transporte de nutrientes de la medida de ampliación de la zona de amortiguación. Evaluó que actualmente la zona dispuesta atrapa 8,8% del fósforo que genera contaminación difusa, y que si esta zona se extendiera a los afluentes de segundo orden, capturaría 22% más que hoy.

La directora general de Recursos Naturales del MGAP, Mariana Hill, dijo a la diaria que su ministerio está “absolutamente de acuerdo” con la medida de ampliación de la zona de amortiguación. “Hay dos medidas clave para la contaminación con nutrientes: que los nutrientes no salgan de la chacra, y para eso son los planes de uso de suelo, o que si salen no lleguen al agua, y para eso es la zona buffer. Lo apoyamos completamente”, sostuvo. De todos modos, acotó que no es lo mismo extender a las nacientes del río, donde no hay agricultura, que a un lugar donde sí la hay. “Hay que ajustar un poco, pero hay que hacerlo. La discusión vendrá por cuántos metros sí o no, en cuáles cursos, pero no está en discusión la medida como tal”, afirmó.

De todos modos, aseguró que su cartera “no se empezó a preocupar en 2013” y que “toda la agricultura está regulada con los planes de uso previo a las medidas, en 2010, para abatir el problema más importante, que es la contaminación difusa”. “Tenemos una visión muy distinta a la que plantea la Dinama y la Dinagua, que proponen las medidas de 2013 como si para atrás no hubiera existido nada. Hoy toda la agricultura de la cuenca de Santa Lucía tiene planes de uso. Seguimos con la lechería, como estaba previsto, y estamos en la mitad de los tambos, en pleno proceso”, señaló.

Sobre la posibilidad de extender a todos los tambos el tratamiento obligatorio de efluentes, que en el plan de acción del Santa Lucía abarcaba a más de 500 vacas, Hill consideró que no sería una medida viable y que no está planteada.

En cambio, en la actualización del plan de acción se incluirá mayor información para el control ambiental, como la declaración de gestión de efluentes y fertilización. “Esto va a ser parte de las nuevas medidas pero ya se está haciendo”, afirmó Hill.

El jueves habrá una nueva reunión de la subcomisión sobre la zona de amortiguación para intentar avanzar en definiciones.