En una debatida sesión que duró cerca de 12 horas, la Cámara de Representantes de Colombia aprobó la conformación de un tribunal especial para juzgar y sancionar a los ex combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) acusados de cometer delitos contra la humanidad durante el conflicto armado. La iniciativa recibió el lunes de noche 84 votos a favor –uno más de los necesarios– y cero en contra, en una cámara integrada por 166 diputados. Dos semanas atrás, había obtenido el visto bueno del Senado y de la Corte Constitucional, que la declaró “ajustada a la ley”.

La creación de esta entidad, denominada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), estaba prevista en el acuerdo que firmó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con la guerrilla un año atrás. Entre otras cosas, ese acuerdo permitió a más de 11.000 integrantes de las FARC dejar las armas y conformar el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común –que conserva las iniciales de la guerrilla–.

La nueva normativa establece que los antiguos líderes y combatientes guerrilleros podrán participar en política, a pesar de ser condenados, pero enfrentan el riesgo de perder sus escaños si cometieron abusos sexuales contra niños o adolescentes. El texto aprobado también sugiere que quienes hayan cometido crímenes luego de la culminación del proceso de paz podrían ser extraditados.

Bajo el nuevo sistema, quienes reconozcan su responsabilidad en delitos graves contra los derechos humanos recibirán una sanción de entre cinco y ocho años, incluyendo restricciones efectivas de algunas libertades y derechos como la movilidad.

“Se logró una JEP con dientes. El miembro de las FARC que cometa un delito reincidente saldrá inmediatamente del régimen especial y se va para la jurisdicción ordinaria. Los delitos sexuales no se cobijarán”, dijo ayer a la prensa colombiana Rodrigo Lara, titular de la Cámara de Representantes.

El presidente Santos, por su parte, agradeció al Parlamento de Colombia por la aprobación de la Ley Estatutaria de la JEP, que calificó en un tuit como un “paso hacia la paz”. En el mismo mensaje, agregó: “La justicia transicional garantiza los derechos de las víctimas y sienta las bases de la reconciliación de los colombianos”.

Quienes explícitamente se pronunciaron en contra de la JEP fueron los diputados del Partido Conservador Colombiano. Su líder de bancada, David Barguil, aseguró que su formación no votaría a favor de la ley porque no quieren “ser cómplices de una justicia que de justicia no tendrá nada”. “Eso sería darles una cachetada a las víctimas”, agregó.

Tampoco cayó bien en el seno de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que rechazó los cambios introducidos por la Corte Constitucional y el Parlamento al nuevo sistema de Justicia, incluido el que prohíbe juzgar a ex funcionarios del Estado a los que esa organización política acusa de haber apoyado a escuadrones paramilitares de ultraderecha. El presidente del partido, Rodrigo Londoño –alias Timochenko–, dijo que esos cambios ponen en riesgo la implementación del acuerdo de paz y evidencian un incumplimiento por parte del Estado.

Tras la aprobación del lunes, la Cámara de Representantes y el Senado deberán conciliar un único texto que luego enviarán a la Corte Constitucional para que sea examinado. El proceso finalizará después de ese paso, cuando el proyecto de ley sea finalmente sancionado por el presidente Santos.