La número dos del gobierno de Irlanda, Frances Fitzgerald, dimitió ayer ante la moción de censura presentada por la oposición por su gestión en un caso de corrupción policial. De esa manera, evitó la caída del gobierno y la convocatoria de elecciones generales anticipadas en diciembre.

La moción de censura que presentó hace unos días el principal partido opositor, Fianna Fáil, implicaba dejar de apoyar al gobierno del primer ministro irlandés, Leo Varadkar –del partido demócratacristiano Fine Gael–, que gobierna en minoría desde 2016 con un grupo de diputados independientes.

En ese entonces, el gobernante Fine Gael firmó con el Fianna Fáil un acuerdo de “confianza y facilitación”, en el que el partido opositor se comprometió a no presentar mociones de censura contra los ministros y a apoyar al gobierno en, al menos, tres leyes de presupuesto, y en votaciones claves para el interés nacional. Sin embargo, el pacto se tambaleó cuando salieron a la luz detalles de la gestión de Fitzgerald en un caso de corrupción en la Policía, cuando fue titular de Justicia e Interior entre 2014 y 2016.

Después de varios días de intensos contactos entre Varadkar y el líder del Fianna Fáil, Micheál Martin, el primer ministro, que hasta el lunes expresaba su apoyo hacia Fitzgerald, terminó por aceptar la dimisión, después de perder también la confianza de los independientes y de un sector de su partido, que no tenía ganas de volver a las urnas a fines de diciembre.

La Cámara de Representantes de Dublín tenía previsto debatir y votar la moción de censura anoche, pero finalmente no lo hizo porque el Fianna Fáil retiró la propuesta tras la renuncia de Fitzgerald. El nacionalista Sinn Féin, la tercera fuerza política, también presentó una moción de censura contra la funcionaria, lo que había aumentado la presión sobre la ex ministra de Justicia.

Según la cadena pública RTE, Fitzgerald explicó ayer ante el Consejo de Ministros que abandonaba el cargo “por el bien del país”, “por voluntad propia” y para evitar unas nuevas elecciones generales, que se hubieran celebrado días después de la cumbre en la que se decidirá si se pasa a la segunda ronda de conversaciones sobre el brexit, prevista para los días 14 y 15 de diciembre.

En la actual ronda, una de las cuestiones que abordan Reino Unido y los 27 países de la Unión Europea (UE) es el estatus de la frontera norirlandesa, clave para las economías tanto de Irlanda del Norte como de Irlanda. En las últimas semanas, Varadkar endureció su posición sobre el tema de la frontera al pedir a Reino Unido más “claridad” para encontrar una solución. Dublín aseguró que no aceptará pasar a la segunda fase de negociaciones si Londres no ofrece garantías de que no se establecerán controles fronterizos tras el brexit.

En el marco de la primera ronda de diálogo, Londres y Bruselas también discuten cuestiones relacionadas con los derechos de los ciudadanos y la “factura” que debe pagar Reino Unido por salir de la UE.

Ayer hubo novedades sobre esto último: de acuerdo con el diario británico The Telegraph, las dos partes ya llegaron a un acuerdo sobre el monto a pagar. El periódico asegura, a partir de fuentes anónimas de ambos equipos negociadores, que la primera ministra británica, Theresa May, acepta pagar entre 53.000 millones y 65.000 millones de dólares al bloque europeo. La cifra final dependerá, en parte, de la metodología que se utilice para calcularla.

May espera que Bruselas apruebe la segunda fase del diálogo, porque allí se abordará la futura relación comercial entre su país y el bloque, uno de los temas más polémicos. Sin embargo, los socios de la UE mantienen que no se dará ese paso hasta que haya “avances suficientes” en varios asuntos claves, incluido el futuro de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. Las dos partes esperan llegar a un acuerdo “esta semana”, según dijo ayer un portavoz del ministerio británico para la salida de la UE.