Es frecuente, cuando se habla de ciencia y tecnología, hacer referencia a un porcentaje de inversión que se ha transformado en emblemático: 1% del PBI.

Pero, ¿qué incluye ese 1% y a quiénes abarca? Esto no es menor: se ha sido poco preciso y se ha utilizado, indistintamente, “gasto en ciencia y tecnología” (C+T) y “gasto en investigación y desarrollo” (I+D), o incluso “gasto en investigación e innovación”, como si fuesen sinónimos. El gasto en I+D es una parte importante del gasto en C+T, pero este es más amplio, pues incorpora actividades colaterales de la I+D propiamente dicha. A su vez, el gasto en innovación tiene como insumo central el gasto en I+D que invierte la empresa o institución, pero hay otros componentes relevantes, como la adquisición de bienes de capital. Es necesario también establecer si el porcentaje del PBI refiere a inversión pública o inversión total (o sea, incluyendo a la privada).

En 2004, en el capítulo sobre el Uruguay Innovador (La transición responsable, documento de campaña electoral del Frente Amplio) se propuso textualmente “en términos de mediano plazo alcanzar el 1% del PBI nacional (inversión pública y privada) en Investigación y Desarrollo”. En materiales preelectorales posteriores eso no fue reiterado y el programa frenteamplista para el período 2015-2020 no incluyó porcentajes de referencia.

Lo hizo, en cambio, un documento promovido por la Academia Nacional de Ciencia de Uruguay (ANCIU), que en setiembre de 2014 fue firmado por los principales presidenciables (Pedro Bordaberry, Luis Lacalle Pou, Pablo Mieres y Tabaré Vázquez). Allí se indicaba como necesario “un incremento gradual del presupuesto anual de C+T en el quinquenio, por ejemplo, de un 0,1% del PBI hasta alcanzar 1% al final del próximo período de gobierno”. Por tanto, en una lejana instancia, hay referencia a la inversión total (pública más privada) en I+D y en esta otra, más próxima, sólo a inversión pública (presupuestal) pero en actividades de C+T.

¿Cuál es el punto de partida? Los datos indican que durante los gobiernos progresistas hubo, en primera instancia, un fuerte incremento, en términos reales y porcentuales, respecto del PBI. De unos 40 millones de dólares de inversión pública en actividades de C+T ejecutados en 2005 se creció a poco más de 200 millones en 2010, lo que significó pasar de 0,21% a 0,55% de un PBI en permanente expansión. Posteriormente, el monto bruto invertido se mantuvo casi constante, por lo que, aun siendo la expansión del PBI más moderada, porcentualmente se redujo y en 2015 fue de 0,42%.

Ahora bien, si tomamos como referencia los valores de PBI de 2015, el 1% son unos 530 millones de dólares. Si se utiliza la referencia al I+D total, habría que haber destinado 340 millones de dólares más, es decir, multiplicado 2,7 veces la inversión realizada, que fue de 194 millones. De ese monto, 255 millones deberían haber sido financiamiento público, dado que la relación existente entre inversión pública y privada es de 3 a 1. Si hacemos el cálculo del 1%, considerando inversión pública en actividades de C+T, deberían multiplicarse por 2,4 los 222 millones ejecutados ese año. Estamos hablando de montos muy importantes, particularmente si tenemos en cuenta los niveles actuales de inversión. Sin considerar futuros incrementos del PBI, alcanzar el mítico 1% implicaría de 250 a 310 millones de dólares más por año, provenientes de fondos públicos.

Alcanzar ese porcentaje es una meta acordada y promovida por muchas organizaciones y especialistas como base para que un país en desarrollo pueda proponerse modificar su trayectoria productiva, pero es un porcentaje lejano al que ostentan actualmente los países líderes en innovación, luego de aplicar años de políticas proactivas. Es evidente que la meta financiera planteada en el compromiso de los candidatos presidenciables no será alcanzada en este período gubernamental, pero ¡debería serlo en el próximo! Y una señal, como muestra de voluntad política, correspondería ser avanzada, por ejemplo, en la próxima y última Rendición de Cuentas de este tercer gobierno frentista.

Pero también emergen otras preguntas. Por ejemplo: ¿para qué el 1%? Porque si no, como en otras áreas, la reivindicación exclusiva del porcentaje termina obnubilando la discusión e impidiendo focalizar y avanzar en lo sustantivo. Es válido plantearse la pregunta: ¿a qué debiera ser destinado ese importante incremento? ¿Significaría potenciar financieramente el actual mapa institucional y las actuales capacidades humanas y de infraestructura? ¿O será tan o más importante aun ensayar nuevas propuestas e instrumentos luego de, obviamente, evaluar los múltiples desplegados en estos 12 años y considerando los objetivos explicitados oportunamente? Más aun, cabe preguntarse: ¿en el marco de qué proyecto de desarrollo de transformación productiva, inclusión social, expansión democrática e integración regional e internacional debiera sustentarse un relanzamiento de la política de investigación y desarrollo, ahora con soporte financiero incremental? Sobre esto, que seguramente implicará mucho de construcción colectiva y búsqueda de acuerdos, habrá que empezar a trabajar a la brevedad. Estemos contestes que sólo si avanzamos en construir las respuestas a estas preguntas de un modo lo más consensuado posible, el 1% dejará de ser una mera meta declarativa para transformarse en una realidad.

Edgardo Rubianes