Mientras los países de la Unión Europea (UE) y la Unión Africana (UA) buscan alternativas para, por un lado, descongestionar el flujo de inmigrantes que ingresan a Libia y, por el otro, proteger a aquellos que ya viven allí en condiciones infrahumanas, Erik Prince, el fundador de la empresa militar privada Blackwater, está impulsando su propio plan para intervenir en la crisis.

Lo que propone el empresario estadounidense es muy similar a lo que su firma ya hace en Afganistán, y se basa en el uso de una fuerza policial privada para detener el tránsito de inmigrantes africanos que buscan trabajar en Libia o llegar desde allí a las costas europeas.

Prince dijo esta semana, en declaraciones al diario italiano Corriere della Sera, que a Frontier Services Group –como fue llamada su nueva empresa– le resultaría fácil “detener, arrestar, alojar y repatriar” a los cientos de miles de inmigrantes que ya colapsaron la capacidad de acogida libia.

Según Prince, la UE debería considerar su propuesta como una opción “más humanitaria” y “más profesional”, si tiene en cuenta los informes que registran graves abusos de las milicias libias contra los derechos humanos de los inmigrantes, antes de que lleguen a la costa.

La Organización de las Naciones Unidas y otros organismos de derechos humanos denunciaron que, en esa instancia de la travesía, las milicias libias detienen a los inmigrantes, los golpean, los someten a abusos sexuales y los obligan a trabajar en los centros de detención.

El plan de Prince prevé, en concreto, la construcción de tres bases policiales en Libia y el despliegue de aproximadamente 750 de sus “asesores extranjeros”, que trabajarían junto a los libios, a lo largo de la frontera sur del país. Además, Prince aseguró que lo haría por una “fracción” del precio que la UE gasta ahora en los barcos que interceptan buques de inmigrantes en el mar Mediterráneo.

Sin embargo, Prince tiene su propio historial de violaciones a los derechos humanos. En 2007, varios empleados de Blackwater fueron acusados de matar a 14 civiles iraquíes desarmados, cuando dispararon contra una multitud en Bagdad mientras escoltaban una caravana de autos del gobierno estadounidense. El propio Prince se enfrentó a una investigación del Congreso, pero nunca fue acusado, según informa el diario británico The Guardian.

Finalmente, cuatro trabajadores de Blackwater fueron condenados por homicidio culposo. Un tribunal estadounidense ya pidió un nuevo juicio para uno de los condenados, y se espera que los otros tres reciban sentencias nuevas después de que un tribunal dictaminó que sus penas de 30 años de prisión eran “demasiado largas”.

La empresa Blackwater ganó alrededor de 1.000 millones de dólares en contratos para proteger al personal estadounidense durante la guerra de Irak. Prince vendió la firma en 2010 y finalmente abrió una nueva empresa –Frontier– con la ayuda de inversores chinos.

Prince es muy cercano a la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump –aportó 250.000 dólares a su campaña–, y tiene planes de postularse como senador por Wyoming, lo cual puede favorecer las posibilidades de que Washington vea con buenos ojos su propuesta. Además, la hermana de Prince, Betsy DeVos, es la actual secretaria de Educación de Estados Unidos.

La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) calcula que en Libia hay entre 700.000 y un millón de inmigrantes indocumentados, de los cuales 42.000 son refugiados y tienen derecho a protección internacional, según aseguró la semana pasada su portavoz, Leonard Doyle.

El organismo sostiene que la situación de muchos inmigrantes empeoró desde que cayó el gobierno de Muamar Gadafi, en 2011, por la aparición de grupos criminales que los explotan. Desde hace meses, la OIM denuncia las condiciones en las que muchos de ellos viven, sometidos a la explotación de mafias que los torturan y, en algunos casos, trafican con ellos o los venden como esclavos.