Cinco semanas después de la frustrada declaración de independencia, que desembocó en el control de las competencias autonómicas por parte del gobierno de España, Cataluña se prepara para las elecciones regionales del jueves 21. La campaña electoral empieza hoy en un contexto particular, cuando algunos de los candidatos están presos –justamente por su participación en el proceso independentista– o en otro país.

La campaña electoral catalana se inaugura en un clima de incertidumbre. En primer lugar, porque todavía no se sabe si serán liberados o no los políticos que están en prisión desde el 2 de noviembre, acusados de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos en relación con el proceso independentista.

Los acusados –muchos de ellos actuales candidatos– pidieron la libertad provisional al juez Pablo Llarena, que dirige la investigación, con el argumento de que, desde que están encarcelados, han acatado todas las decisiones tomadas en Madrid para impedir el secesionismo, como la disolución del anterior gobierno catalán –mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución– y la convocatoria a elecciones autonómicas. La decisión de Llarena, que se dará a conocer hoy, condicionará la estrategia electoral de los partidos.

Entre los independentistas encarcelados se encuentran el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras –candidato de la Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)– y siete de los antiguos miembros del gabinete, la mayoría de ellos también postulantes.

Además, están acusados por los mismos delitos el ex presidente catalán Carles Puigdemont y cuatro integrantes de su gobierno cesado, que viajaron a Bélgica tras la fallida declaración de independencia del 27 de octubre. Todos ellos comparecerán hoy en Bruselas ante un juez, que debe resolver sobre la petición de España de que regresen y sean investigados.

Puigdemont, que se presenta a la reelección con Junts per Catalunya, insistió ayer en la necesidad de que estas elecciones sirvan para “restituir” al gobierno catalán cesado, lo que implica, a su entender, recuperar “a todos sus miembros en activo”. En una videoconferencia de prensa, precisó: “No estamos ante unas elecciones convencionales autonómicas, sino excepcionales”.

La situación excepcional de estos comicios comienza por la propia convocatoria, que no fue hecha por el gobierno catalán, sino por el del presidente español, Mariano Rajoy, que asumió sus competencias y luego llamó a elecciones.

El otro factor de incertidumbre tiene que ver con los propios resultados de las elecciones, que por el momento se estiman reñidos entre independentismo y antiindependentismo. Los sondeos publicados hasta ahora apuntan a una victoria de la ERC, seguida por los liberales de Ciudadanos, que se oponen a la independencia.

Los líderes de ERC están convencidos de que tener a Junqueras en la cárcel les restará votos, porque sus condiciones para hacer campaña están, al menos, limitadas. Por eso, prevén que la secretaria general de la formación, Marta Rovira, tome la posta si Junqueras no logra salir de la cárcel en las próximas horas.

La propuesta electoral de ERC se basa en un independentismo que en su programa califican de “firme y tranquilo”. Firme porque se propone desplegar la “república proclamada el 27 de octubre”, y tranquilo porque se “cambió de fase” y, aunque “la unilateralidad permitió llegar hasta esa declaración”, ahora “toca llenarla de contenido”. Todo esto sin la autoimposición de plazos para la independencia y a sabiendas de que, si se quiere una independencia pacífica, cualquier movimiento tendrá que ser negociado con el equipo de Rajoy.

En un principio, el partido izquierdista aboga por rescatar todas las leyes sociales que aprobó el independentismo y que el gobierno de Rajoy logró suspender al recurrirlas ante el Tribunal Constitucional.

Otro de los desafíos de ERC será acercarse a Junts per Catalunya y a la Candidatura de Unidad Popular, especialmente porque, de cumplirse las predicciones, las fuerzas secesionistas no tienen garantizada la mayoría absoluta en el futuro Parlamento. Según publicó El Periódico de Cataluña, el promedio actual de los sondeos otorga a la suma de los tres un total de 67 escaños, uno por debajo de la mayoría absoluta y cinco menos que los que lograron en las elecciones de 2015.

Del otro lado de la cancha, Ciudadanos aboga por eliminar cualquier marca de independentismo que haya quedado impregnada en el poder. En su programa, los liberales defienden realizar una “auditoría integral de gasto público” para detectar y eliminar cualquier partida destinada al independentismo y “abrir una nueva etapa de convivencia, estabilidad económica y democracia”, en la que el soberanismo quede completamente ajeno a las instituciones. Con Inés Arrimadas como candidata, Ciudadanos se compromete a suprimir “todos los chiringuitos políticos destinados a promover el independentismo” y “todas las duplicidades y estructuras administrativas innecesarias”.

La formación también quiere “despolitizar” los medios públicos, acabar con la “publicidad institucional repartida a dedo para financiar medios afines a la causa independentista”, revisar el funcionamiento de la Agencia Tributaria e implementar en la región autónoma un modelo trilingüe de castellano, catalán e inglés.

El Ministerio del Interior español confirmó el fin de semana que enviará a Cataluña a 50 funcionarios policiales para “escoltar” a Arrimadas y a los candidatos de las otras formaciones llamadas “constitucionalistas” –Partido Popular y Partido de los Socialistas de Cataluña– durante la campaña electoral.