Miguel Etchecolatz tiene seis condenas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, cuando fue director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, pero ayer fue beneficiado con la prisión domiciliaria. La decisión fue del Tribunal Oral Federal 6, que tuvo en consideración que Etchecolatz tiene 88 años y que sufrió un accidente cerebrovascular en agosto. De esta forma, uno de los represores más emblemáticos de la dictadura argentina obtuvo fallos favorables en los seis procesos por los que cumple condena, y según informó el diario Clarín, se irá vivir a una casa en Mar del Plata. Etchecolatz fue condenado por casi 100 casos de tortura, por la apropiación y supresión de identidad de una hija de desaparecidos, por varios homicidios y delitos de privación de libertad. Se lo condenó a cadena perpetua y sus crímenes fueron calificados por un tribunal como “de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio”.

A comienzos de diciembre, el Tribunal Oral Federal 5 tomó una decisión similar cuando dispuso la prisión domiciliaria para Jorge Magnacco, condenado como responsable por los partos clandestinos en el centro de tortura que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada y por la entrega de bebés durante la dictadura, cuando era jefe de Obstetricia del Hospital Naval.

“Este es el acuerdo político al cual llegó el gobierno con sectores que ejecutaron el genocidio”, dijo a Perfil la abogada Guadalupe Godoy, que representa a familiares de las víctimas de la dictadura en juicios de lesa humanidad. “Como no hay posibilidad de una amnistía, lo que hay es un acuerdo para que los juicios sigan, pero con ellos en sus casas”, agregó.

Godoy atribuyó la responsabilidad por estas decisiones judiciales al fallo que emitió en abril la Corte Suprema, que le otorgó la prisión domiciliaria al represor Felipe Jorge Alespeiti. La Corte consideró que, más allá de la “barbarie” de la dictadura, el Estado debe garantizar “la imparcialidad en la aplicación de las leyes”, incluso aquellas que benefician a los represores. En ese entonces, organizaciones de derechos humanos rechazaron el fallo, mientras que el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, con- sideró que se trataba de una “buena señal de madurez cívica”.