La Organización de las Naciones Unidas considera ilegales todas las colonias en territorio palestino ocupado, pero las leyes de Israel reservaban esa calificación para aquellas que habían sido construidas en predios privados, ya que implicaban una violación a los derechos de individuos palestinos. Son decenas las colonias que fueron erigidas en esas condiciones y, en distintos momentos, el Tribunal Supremo ha ordenado que sean desalojadas para que el territorio sea devuelto a sus dueños, pese a la oposición del gobierno israelí.

Esa situación cambió en la madrugada del martes, cuando la Knesset -el Parlamento israelí- aprobó una ley impulsada por el gobierno de Benjamin Netanyahu para legalizar esas colonias. Estaba previsto que la votación se realizara más adelante en febrero, pero el desalojo de la colonia de Amona, la semana pasada, aceleró el proceso: el partido ultranacionalista y defensor de los colonos Hogar Judío fue presionado por sus bases y amenazó a Netanyahu con retirarle su apoyo -y, por lo tanto, generar la caída del gobierno- si no sometía el proyecto a votación.

La norma legaliza unas 4.000 viviendas que fueron construidas sobre unas 800 hectáreas en territorio palestino que era propiedad privada. Sus propietarios, que en algunos casos no pudieron acceder a sus tierras durante décadas, serán compensados por el gobierno israelí por la expropiación con dinero o con el traslado a otro predio que considere que tiene características similares. En la práctica cotidiana cambia poco: esos territorios ya están militarizados por Israel, y los palestinos no pueden acercarse.

La legalización es retroactiva, pero también habilita el crecimiento de estas colonias al declararlas legales, eliminando los escasos límites que existían hasta ahora para que tanto el gobierno como los colonos colonicen el territorio palestino ocupado. “Israel busca construir todo lo que pueda [...] para asegurarse que porciones de ese territorio queden bajo soberanía israelí cuando se llegue a un acuerdo final con los palestinos sobre la solución de los dos estados”, indica el editorial de la edición de ayer del diario Jerusalem Post, que critica la medida.

Las críticas no tardaron en llegar, y lo hicieron desde dentro y fuera de Israel, desde la derecha y la izquierda. El ex ministro Dan Meridor, correligionario de Netanyahu en el Likud, dijo que es una ley “dañina y peligrosa” y agregó: “Los árabes de Judea y Samaria [denominación bíblica de Cisjordania] no votaron por la Knesset y esta no tiene autoridad para legislar sobre ellos. Esos son los principios básicos de la democracia y la ley israelí”.

Además, el fiscal general israelí, Avichai Mandelblit, ya advirtió que esta ley viola la Cuarta Convención de Ginebra. Este tratado internacional establece el tratamiento que deben recibir los civiles en territorios ocupados y en una de sus secciones especifica que la autoridad ocupante no puede obligar a los civiles a trasladarse ni destruir sus bienes muebles o inmuebles. Ante estas declaraciones de Mandelblit, la ministra de Justicia, Ayelet Shaked, adelantó que el gobierno puede recurrir a un abogado privado para que defienda la norma ante los tribunales, informó el diario israelí Haaretz. Por otra parte, las organizaciones civiles israelíes Paz Ahora y Yesh Din ya anunciaron que recurrirán la nueva ley ante el Tribunal Supremo, convencidas de que debe ser revocada.

Varios países, entre ellos Reino Unido y Francia, han denunciado que con esta ley Israel imposibilita la solución de dos estados. El presidente francés, François Hollande, así como el enviado de las Naciones Unidas para el proceso de paz de Medio Oriente, Nickolay Mladenov, señalaron que esta ley permite que, de hecho, Israel se anexe los territorios palestinos, frustrando cualquier solución al conflicto.

Por su parte, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, dijo que la ley es una violación del derecho internacional, criticó que Israel avance “hacia una situación de apartheid” y aseguró que Palestina recurrirá a cortes internacionales para proteger su “existencia” y su “permanencia en la tierra de Palestina”. Por su parte, el ministro palestino de Turismo, Rula Maayaa, consideró que “nadie puede legalizar el robo de tierras palestinas”.