El gobierno argentino insistirá en este proyecto pese a los rechazos que acumuló en distintos sectores en los últimos meses. Las críticas han surgido de organizaciones civiles, partidos políticos opositores, organismos internacionales e incluso de especialistas convocados por el propio gobierno. El jueves hubo un encuentro de especialistas organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para tratar esta propuesta. Frente a la sede de la cartera, unos 300 jóvenes protestaban contra “la baja”, como llamaron a la iniciativa. “Bajar la edad de imputabilidad es regresivo e ineficaz, todos los datos estadísticos demuestran que la incidencia de menores [de 18 años] en los delitos es ínfima”, dijo Alejandra Iriarte, una de las manifestantes, que pertenece a la Red Argentina No Baja.

Mientras tanto, puertas adentro, algunos de los especialistas convocados por el gobierno advirtieron que bajar la edad de imputabilidad no es la solución a varios problemas de inseguridad pública diagnosticados por las autoridades. El responsable de la Defensoría General de la Nación, Damián Muñoz, dijo en el encuentro que la medida “violaría el principio de progresividad y de no regresividad en materia de derechos humanos”, mientras que la representante de UNICEF en Argentina, Florence Bauer, advirtió que “la edad de imputabilidad tiene que ser tratada en conjunto con los otros aspectos y no de manera aislada”.

Este fue el octavo encuentro de este tipo, y en los anteriores el gobierno también había encontrado voces opuestas a su iniciativa. El subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Martín Casares, dijo a Infobae que todas las posiciones serán “tenidas en cuenta”, aunque señaló que esas consultas “no son vinculantes” y que el proyecto será redactado por el ministerio.

El miércoles el gobierno insistirá con la iniciativa, en este caso ante el Congreso, al que después enviará un proyecto de ley. “No se mencionará la fecha de envío ni a qué cámara va a ingresar, pero ya hay una comisión trabajando en la redacción del proyecto, desde el inicio de las mesas de discusión, en febrero, y estaría listo para principios de marzo”, dijo Casares a La Nación.

En Argentina los adolescentes de 16 años ya son responsables penalmente por algunos delitos, aunque responden ante un proceso especial, distinto del de los adultos. La iniciativa del gobierno baja la edad de imputabilidad para incluir a los adolescentes de 14 y 15 años, que también tendrán un proceso especial, distinto tanto del de quienes tienen 16 y 17 como del de los adultos.

Casares dijo a la agencia de noticias estatal Télam que el proyecto establecerá la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para los delitos de “homicidio, violación, secuestro extorsivo, robo con armas y con lesiones gravísimas”. A su vez, se incluirán más delitos por los cuales serán imputables quienes tengan 16 y 17 años, pero todavía no se decidió cuáles.

A fines de enero el ministro de Justicia, Germán Garavano, había considerado que la baja debería apuntar a los 15 años y no a los 14, porque eso podría llevar al país a seguir bajando la edad, al punto de que “niños de 12 años tengan el mismo régimen penal que un adulto”. Agregó: “Hay que poner un límite”.

Las penas no implicarán “necesariamente la privación de libertad”, dijo Casares. El gobierno considera que los procesos y las penas deben ser “específicas para niños” y que la idea “es que los procesos sean más cortos, que el procedimiento [judicial] sea oral y más ágil y que el tiempo en los institutos sea el mínimo en los casos de encierro”. Como ejemplo, dijo que la pena para una persona de 16 años que comete un asesinato “no debería” ser de ocho a 25 años como en el caso de los adultos, sino “de cuatro a 12”.

En entrevista con la agencia de noticias estatal Télam, Casares también dijo que la posición de no bajar la edad de imputabilidad “no es una postura propositiva” y aseguró que hay “un reclamo muy fuerte de la sociedad” para que el cambio se produzca. Algunas de las muchas críticas que ha recibido esta iniciativa apuntan, justamente, a que estas propuestas suelen surgir como respuesta a reclamos populares, muchas veces surgidos de la conmoción que causó un crimen en particular.