La decisión fue dada a conocer ayer con comunicados de varias agencias estatales estadounidenses que señalaban que la sanción fue dispuesta contra El Aissami como persona y no contra el gobierno venezolano, al tiempo que distintos jerarcas se jactaban de que las investigaciones avanzan sin importar el cargo que ocupen los investigados. En estos comunicados no se aclaraba qué pruebas pesan contra El Aissami.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés), responsable de la lista en la que fue incluido el vicepresidente, fue la que informó más ampliamente sobre las acusaciones en su contra. En su comunicado dijo que El Aissami “recibió dinero por facilitar el transporte de narcóticos” desde Venezuela por vía aérea y marítima. Esos narcóticos, según la agencia, eran de Walid Makled García, un traficante de drogas que en 2011 fue condenado en Venezuela a 14 años de prisión por montar una ruta de narcotráfico con la colaboración de funcionarios venezolanos.

La OFAC agrega que El Aissami también “está vinculado a la coordinación de envíos de narcóticos al violento cártel mexicano Los Zetas, así como a la protección del capo narcotraficante colombiano Daniel Barrera Barrera [en prisión desde 2012] y del narcotraficante venezolano Hermágoras González Polanco”. Según la agencia, El Aissami utilizaba una base aérea venezolana para el envío de las drogas y supervisó varios de esos traslados.

El director interino de la OFAC, John E Smith, indicó en un comunicado que la inclusión de El Aissami en la lista “marca la culminación de una investigación de varios años” y se jactó de que también “demuestra que el poder y las influencias no protegen a quienes participan en estas actividades ilícitas” en Estados Unidos. Además, la OFAC señala al empresario José López Bello como “testaferro” de El Aissami y lo acusa de proporcionar “asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de actividades de narcotráfico internacional”.

Por estas acusaciones, el Departamento del Tesoro incluyó a El Aissami y López Bello en la lista de personas relacionadas con el tráfico de drogas. Como consecuencia, el vicepresidente venezolano no puede entrar a Estados Unidos, sus bienes en ese país fueron congelados y empresas y personas estadounidenses tienen prohibido hacer negocios con él. Otros jerarcas venezolanos ya están en ese listado, entre ellos el ex ministro de Defensa Henry Rangel.

El Aissami, que se define como un “chavista radical”, es una figura política en ascenso en Venezuela. Comenzó su carrera política como diputado y en 2008 se convirtió en ministro del Interior de Hugo Chávez, cargo desde el que ganó notoriedad. En 2012 asumió como gobernador de Aragua y este año, el 4 de enero, Maduro lo designó vicepresidente y responsable del “comando antigolpe”.

El Aissami es visto como un posible sucesor de Maduro, ya que si la oposición logra convocar un referéndum revocatorio y este es aprobado, él quedaría en el cargo de presidente.

El gobierno venezolano y El Aissami reaccionaron airadamente ante la decisión del Departamento del Tesoro. “Recibo esta miserable e infame agresión como un reconocimiento a mi condición de revolucionario antiimperialista!!”, dijo el vicepresidente en su cuenta de Twitter. Agregó que tiene la “moral intacta” y mayores “firmeza y convicción antiimperialista” y “conciencia chavista”.

Por su parte, la canciller venezolana Delcy Rodríguez dijo que el gobierno de Nicolás Maduro considera que las acusaciones de Estados Unidos contra El Aissami son una “agresión gravísima” que “pretende vulnerar la esfera soberana” de Venezuela. Además, señaló que esto es un “ilícito internacional cometido por agencias estadounidenses” que no tiene “precedentes” en las relaciones bilaterales.