La “mafia de la carne”, tal como se la ha denominado en Brasil, fue desarticulada el viernes en una operación desarrollada en siete estados del país. Fueron detenidos inspectores sanitarios y directivos de varias empresas frigoríficas, entre ellas BRF y JBS, dos de las más grandes de Brasil. Según la Policía Federal, los inspectores cobraban sobornos a cambio de certificar alimentos que no cumplían con los mínimos requisitos establecidos o que estaban adulterados. Entre otros casos, se encontraron carnes cuya fecha de vencimiento había sido adulterada o que habían sido tratadas con agentes químicos cancerígenos; había carne podrida e incluso en algunas se encontraron trazas de salmonela.
Según la investigación, parte del dinero que cobraban los inspectores iba a parar a organizaciones políticas, en particular, al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (al que pertenece Temer) y al Partido Progresista, uno de los aliados del gobierno. El juez que dirige la investigación, Marcos Josegrei da Silva, indicó en un dictamen judicial que los ejecutivos de los frigoríficos, “a fin de mantener su influencia” sobre el sistema de inspecciones, “dieron dinero a funcionarios, pagaron directamente a los inspectores, regalaron productos de la empresa y hasta se pusieron a disposición para colaborar con el financiamiento de las campañas políticas” de estos partidos. Ambos partidos (que también integran la lista de los investigados en el esquema de corrupción de Petrobras) emitieron comunicados diciendo que no están involucrados en esta red y que desconocen los elementos que manejan los investigadores. Por su parte, las empresas emitieron comunicados en los que aseguraron que la calidad de sus productos es la prioridad y se comprometieron a investigar lo sucedido. A su vez, la investigación de la Policía Federal comenzó a raíz de la denuncia de uno de los inspectores, que fue tentado a ingresar en la red, pero optó por no hacerlo. Entre las primeras medidas estuvo la interceptación de las líneas telefónicas de los involucrados, uno de los cuales habló con el ministro de Justicia, Osmar Serraglio, aunque según la Policía la conversación no trató este tema.
Las carnes adulteradas que eran certificadas por los inspectores corruptos eran destinadas tanto al mercado local como a la exportación.
Como primera reacción, el gobierno ordenó que se refuerce el control sobre la calidad de la producción de las empresas que se presume que están involucradas, que son unas 30. El sábado inspectores sanitarios recorrieron sus instalaciones e hicieron pruebas aleatorias en su producción. Tres de las empresas fueron clausuradas y otras 21 fueron declaradas bajo sospecha, informó el Ministerio de Agricultura. El titular de la cartera, Blairo Maggi, reconoció que esta situación preocupa al gobierno y dijo que desconoce cuánto impactará en las exportaciones.
Estados Unidos y la UE, los principales compradores de carne de Brasil, exigieron al gobierno explicaciones de lo ocurrido. La cancillería estaba trabajando ayer en brindarlas. Las mayores resistencias las encuentra en la UE, donde partidos políticos y sectores empresariales reclamaron que se cierren las puertas a las carnes brasileñas hasta que no se reevalúe la situación.
Por su parte, el presidente Temer mantuvo varias reuniones ayer con jerarcas de su gobierno y representantes de sectores empresariales vinculados al agronegocio en general y a la industria frigorífica en particular para tratar este tema.