Waldomiro Costa Pereira era un sobreviviente de la matanza de Eldorado dos Carajás. En 1996, en ese municipio de Pará el Movimiento de los Sin Tierra (MST) estaba ocupando un establecimiento rural cuando llegó la Policía e intentó dispersar a los ocupantes a balazos y mató a 19 de ellos. Por los asesinatos sólo fueron condenados, años después, dos oficiales que estaban dirigiendo la operación, mientras que los demás policías fueron absueltos, porque se consideró que cumplían las órdenes de sus superiores.

El gobierno entregó a los sobrevivientes lotes de tierra destinados a la reforma agraria, en un asentamiento que fue bautizado 17 de Abril para recordar aquel episodio. Entre los beneficiarios estuvo Costa, que hace dos años renunció a su cargo en la dirección del MST para dedicarse enteramente a la producción agrícola. Por entonces había sido designado asesor en temas agrícolas de la alcaldía de Parauapebas, municipio vecino a Eldorado, en el que residía de lunes a viernes. Sin embargo, seguía siendo considerado uno de los dirigentes más importantes del MST en Pará y todavía militaba en el Partido de los Trabajadores.

El fin de semana Costa fue baleado en su casa por desconocidos. Fue trasladado al hospital, donde fue operado y se estaba recuperando. En la madrugada del lunes cinco hombres armados y encapuchados llegaron en moto al hospital, entraron a la fuerza, controlaron a los guardias y ejecutaron a Costa, todo en tres minutos, según varios testigos.

Como Costa estaba alejado de la dirección del MST en Pará, el movimiento desconoce si estaba recibiendo amenazas o si estaba trabajando con alguien que estuviera involucrado en algún conflicto. Por lo tanto, el movimiento indicó en un comunicado que desconoce los motivos del asesinato, pese a lo cual lo repudia, como a “toda y cualquier forma de violencia contra hombres y mujeres”, manifestó en un comunicado. “Este es otro asesinato de un trabajador en el estado de Pará del cual el gobierno es responsable por su incompetencia en garantizar la seguridad de la población y por la negligencia del estado en investigar y castigar los crímenes de esta naturaleza“, agregaron.