El Tribunal Superior Electoral de Brasil analizará si existieron irregularidades en las finanzas de la campaña que llevó al gobierno en 2014 a Dilma Rousseff, como presidenta, y al actual gobernante, Michel Temer, como vicepresidente. Si se llegara a demostrar que la financiación de la campaña fue ilegal, la victoria de la fórmula Rousseff-Temer podría ser anulada y, por lo tanto, el actual presidente debería abandonar el cargo, según informó ayer el titular del tribunal, Herman Benjamin. Para la ex mandataria, que fue destituida en agosto, la condena podría costarle su carrera política, ya que no podría volver a ser elegida para ningún cargo público. Está previsto que el martes el tribunal comience a analizar el caso.
La acusación fue presentada en 2015 por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que fue el principal rival de la fórmula Rousseff-Temer en las elecciones de 2014 y que ahora, después de la destitución de Rousseff, es aliado del gobierno. El PSDB acusa a los dirigentes de hechos de corrupción y abuso económico en la campaña que llevó a Rousseff a la reelección. Entre otras cosas, denuncia que esa campaña fue financiada en parte con recursos desviados de la petrolera estatal Petrobras, lo cual fue respaldado por las declaraciones que dieron a la Justicia ex directivos del grupo Odebrecht.
Tanto Rousseff como Temer -que ahora son enemigos políticos- negaron las acusaciones, en sus defensas, por separado. Los abogados de Temer, además, pidieron que el Tribunal Superior Electoral los juzgue individualmente porque, según sostienen, cada uno tuvo sus propias finanzas en aquel entonces. Pero las dos partes coinciden en que el proceso judicial debería ser anulado, sobre todo porque las propias autoridades electorales aprobaron las cuentas de esa campaña hace tres años.