El juez federal Claudio Bonadio procesó, por segunda vez, a la ex presidenta argentina Cristina Fernández. También dispuso el procesamiento de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y de los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, entre otros, por lo que se conoce como la causa Los Sauces. Todos están acusados de asociación ilícita y lavado de dinero, y el juez les prohibió la salida del país. Bonadio también dispuso varios embargos, entre ellos dos de 8,5 millones de dólares contra Fernández y su hijo, a quienes considera “jefes” de la organización ilegal.

La causa Los Sauces derivó de la investigación sobre Hotesur, de la cual Bonadio fue apartado en 2015 por irregularidades en el sumario e imparcialidad. La investigación sobre Hotesur quedó en manos de Julián Ercolini mediante un nuevo sorteo. Pero más adelante se abrió la causa de Los Sauces, que quedó bajo la órbita de Bonadio.

Las dos investigaciones tratan de determinar si la familia Kirchner utilizó sus empresas, que gestionan propiedades, para esconder ingresos provenientes de actos de corrupción. Bonadio investiga si la familia utilizó específicamente la empresa Los Sauces SA para cobrar coimas de los empresarios López y Báez mediante alquileres falsos.

Según el procesamiento dictado ayer, después de la muerte de su esposo, Néstor Kirchner, Fernández y su hijo pasaron a liderar esta supuesta organización delictiva con la anuencia de su hija, Florencia, que también es dueña de acciones.

Las empresas alquilaban las propiedades y pagaban por habitaciones en hoteles, pero en realidad no usufructuaban los servicios, ya que se trataba de coimas por haber recibido, de forma irregular, contratos de obra pública, en el caso de Báez, o adjudicaciones de medios de comunicación o vinculadas al negocio del juego de azar, en el caso de López.

Fernández y sus hijos acusan a Bonadio de no ser imparcial. Han señalado que el juez considera como pruebas elementos que Ercolini ha descartado. Por ejemplo, el abogado defensor de la familia Fernández, Gregorio Dalbon, señaló ayer en Twitter que Ercolini absolvió al fallecido Juan Carlos Relats, que administraba el hotel El Calafate, uno de los que están en el centro de la investigación de Bonadio, y que no podría haberlo hecho si existían indicios de que se estaba pagando por habitaciones de forma ficta, ya que en ese caso Relats habría sido uno de los responsables.

El diario Página 12, afín al kirchnerismo, informaba ayer acerca de otros elementos que cuestionan la investigación de Bonadio. Entre ellos, destacó que, según figura en el procesamiento, Los Sauces facturó entre 2009 y 2016 unos 29 millones de pesos argentinos (casi dos millones de dólares), mientras que en ese período Báez ganó licitaciones por más de 20.000 millones de pesos (más de 1.300 millones de dólares), por lo que la coima sería de 0,1%, un porcentaje muy bajo.

Además, el diario informa que en los 40 allanamientos que se hicieron a las propiedades alquiladas y las habitaciones pagadas se encontró a ocupantes, por lo que no se detectó ningún caso de “simulación”. Por otra parte, como muestra de la presunta parcialidad de Bonadio se menciona también que procesó a Fernández en la causa dólar futuro. Durante el trámite de esa investigación la ex presidenta cuestionó en varias ocasiones la actuación del juez.

La información sobre el resultado de los allanamientos no figura en el fallo que hizo público ayer la Justicia argentina. Sí figuran los datos de los pagos realizados por las distintas empresas a Los Sauces SA, aunque no se ejemplifica con ningún caso concreto cómo se llevaba adelante la operativa denunciada.

En el documento se citan las declaraciones de las decenas de personas que fueron convocadas por la Justicia a dar sus testimonios, pero en ninguna de esas citas se informa acerca de esa supuesta asociación ilícita.