Un grupo de 20 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebró ayer una reunión extraordinaria para abordar la situación política en Venezuela unas horas después de que Bolivia, que preside el Consejo Permanente del organismo desde el sábado, la suspendiera de manera unilateral.

Esos países habían pedido la reunión el viernes con el fin de “considerar los recientes eventos” en Venezuela, aunque en su orden del día preveían la votación de un borrador de resolución que incluye demandas al gobierno del presidente Nicolás Maduro, entre las que figuran “un diálogo y una negociación que lleve a la restauración del orden democrático” en el país.

Sin embargo, ayer de mañana el gobierno boliviano anunció la suspensión de la sesión porque la convocatoria se hizo “sin consulta” y “sin entregar información alguna a Bolivia, que se haría cargo de presidir” ese encuentro.

En respuesta, una veintena de países pidió en una carta que se volviera a programar la reunión, como estaba previsto, alegando que “la presidencia [del Consejo] no puede suspender una sesión sin mediar previamente una consulta o explicación”, según establece el artículo 37 del reglamento interno.

El encuentro finalmente se llevó a cabo una hora y media después de lo previsto. Antes de empezar a abordar el asunto, el asesor jurídico de la OEA, Jean Michel Arrighi, explicó que la sesión podía comenzar a pesar de la ausencia de Bolivia, porque había cuórum -es decir, un tercio de los 35 estados miembros-. Además, informó que como no estaban presentes ni el presidente ni Bolivia ni Haití, que es vicepresidente del Consejo Permanente, le correspondía presidir la sesión al embajador titular con más antigüedad en la organización, y llamó para ocupar ese papel a Leónidas Rosa Bautista, de Honduras.

Después de Arrighi habló el embajador de México en la OEA, Luis Alfonso de Alba, quien dijo que la suspensión de la sesión por parte de Bolivia es “un motivo de alta preocupación” para su país. También pidió la palabra el embajador de Colombia, Andrés González, para “lamentar que se den estas circunstancias” y subrayar que “la solicitud y convocatoria” de la sesión son “válidas”, teniendo en cuenta los “recientes eventos” en Venezuela.

En pleno desarrollo de la reunión, el embajador de Bolivia en la OEA, Diego Pary, y el de Venezuela, Samuel Moncada, entraron a la sala para manifestar su descontento. Pary lamentó que “un país amigo” como Honduras asumiera “de manera golpista” e “ilegal” la presidencia del Consejo Permanente. Por su parte, Moncada consideró que la sesión era “un golpe de Estado” y advirtió, al abandonar el lugar, que su país no iba a tener en cuenta las resoluciones que surgieran allí.

Finalmente, 17 de los 21 países presentes, entre ellos Uruguay, aprobaron una declaración que afirma que en Venezuela hay una “grave alteración inconstitucional del orden democrático” y exige al gobierno de ese país que actúe para restaurar “la plena autoridad de la Asamblea Nacional”.