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Internacional | Miércoles 05 • Abril • 2017

Los nuevos tribunales de paz plantean dudas sobre los juicios a distintos actores del conflicto colombiano

Fueron condenados 21 militares colombianos por el caso de los “falsos positivos”. Se trata de ejecuciones extrajudiciales de civiles a los que después los militares presentaban como guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) muertos en combate. Lo hacían en el marco de una política en la que el Ministerio de Defensa los premiaba por detener o matar a integrantes de ese grupo armado. Unas 3.000 personas fueron asesinadas de esa manera entre 2002 y 2009, período en el que el Ministerio de Defensa estuvo dirigido por cuatro ministros distintos, entre ellos el hoy presidente, Juan Manuel Santos (2006-2009).

Las condenas de ayer implican penas de 37 a 52 años de prisión para 21 militares. Uno de ellos era el coronel que dirigía un grupo que asesinó a cinco personas. Este caso es considerado particularmente importante porque el juez entendió que se cometió un delito de lesa humanidad, lo que sienta un precedente para los casos que ya están en la Justicia.

Este juicio terminó mientras algunos juristas debaten en Colombia si los casos de los falsos positivos deben ser juzgados en la Justicia ordinaria o en la Justicia Especial para la Paz, creada en el marco del acuerdo de paz con las FARC. La semana pasada un juez se negó a seguir juzgando un caso de este tipo al considerar que estos delitos deben ser trasladados a los nuevos tribunales. El juez dispuso que sea el Consejo Superior de la Judicatura, que supervisa a los jueces, el que defina dónde se deben juzgar estos casos. Pero, según las declaraciones de varios juristas, ese organismo no está funcionando correctamente como para tomar una decisión de estas dimensiones. Sus problemas de funcionamiento se deben a que prácticamente no tiene presupuesto porque en 2015 se dispuso su supresión y su sustitución por otros organismos, algo que todavía no se concretó.

A esto se suma que la Jurisdicción Especial para la Paz acaba de ser creada por el Congreso, pero faltan meses para que pueda estar operativa. El presidente todavía debe promulgar la ley que la crea, y luego debe redactarse la reglamentación. Después de eso es necesario que los nuevos tribunales se instalen físicamente y que los jueces sean designados -así como los expertos que supervisarán el proceso-. El gobierno estima que estarán instalados en el último trimestre del año.

Juristas consultados por medios colombianos indicaron que las dudas sobre la jurisdicción a la que corresponden los distintos casos se harán evidentes también en los juicios contra integrantes de las FARC y de grupos paramilitares, que actualmente son tramitados en la Justicia ordinaria.


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