“Un fusil para cada miliciano, un fusil para cada miliciana”, dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al cerrar un acto militar el lunes de noche. Minutos antes, había anunciado la aprobación de un plan para expandir a 500.000 los miembros de la Milicia Bolivariana, un grupo de civiles armados que creó el ex presidente Hugo Chávez en 2009 para respaldar el accionar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Maduro aseguró que la meta, “grande pero indispensable”, de este cuerpo militar es “más temprano que tarde ir a la organización y entrenamiento de un millón de milicianos y milicianas organizados y armados para defender la paz, la soberanía y la independencia de la patria”. Además, el mandatario pidió “garantizar el entrenamiento permanente de los milicianos, su despliegue permanente” y “su habilidad para manejar el sistema de armas”, para que puedan “defender su barrio, su territorio, su estado, las costas, los ríos, las selvas, las ciudades y los pueblos de Venezuela” de cualquier intervención “imperialista”.

El presidente del Parlamento venezolano, el opositor Julio Borges, fue el primero en criticar el aumento del número de civiles armados que tiene en sus planes el gobierno. “La Fuerza Armada tiene que entender [...] que el arma que se reparte hoy y que mata a un ciudadano, mañana mata a un policía y pasado mañana mata a un efectivo de la Fuerza Armada. Esas armas van al mercado negro, a la violencia”, dijo Borges en una entrevista con el canal Globovisión.

En tanto, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo en Twitter que pidió a su canciller, María Ángela Holguín, que lleve ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la preocupación de su gobierno por la “militarización de la sociedad venezolana” anunciada por Maduro. Holguín iba a reunirse ayer con las autoridades de este organismo para presentar los avances de la misión de la ONU en la aplicación del acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

La decisión de Maduro también fue cuestionada por varios organismos internacionales. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió ayer que la entrega de armas a civiles sólo exacerbará la tensión en Venezuela. “Cuantas más armas en la calle, más posibilidades de que puedan ser usadas”, dijo al respecto su portavoz, Rupert Colville.

A su vez, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, describió la medida como “una acción represiva homicida que incita a la violencia” y pidió al gobierno de Maduro que “revierta absolutamente ese posicionamiento que solamente incita al conflicto y a la confrontación”. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se declaró ayer “alarmada” ante el anuncio del gobierno venezolano e hizo un llamado a la “desmilitarización de las calles”.