El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, exigió al presidente español, Mariano Rajoy, un acuerdo de Estado para poder convocar a un referéndum independentista. Antes, en declaraciones a periodistas, Rajoy había descartado esa posibilidad. Dijo que el proyecto de ley catalán para independizarse es “antidemocrático” y pidió a Puigdemont que busque el aval del Parlamento antes de convocar al referéndum.

Por primera vez el gobierno catalán pone en negro sobre blanco la posibilidad de declarar la independencia de manera unilateral si no hay un acuerdo con el gobierno español para convocar a un referéndum independentista. La posibilidad está contenida en el borrador de la Ley de Transitoriedad Jurídica al que accedió el diario español El País, cuya información no han negado las autoridades catalanas. Se trata de una norma que entraría en vigor una vez aprobada la independencia y que funcionaría como un texto constitucional hasta que una asamblea constituyente redacte una nueva carta magna.

Tal como había adelantado la coalición independentista que ganó las elecciones catalanas de 2015, en el documento se establece: “Si el Estado español impidiera de manera efectiva la celebración del referéndum, esta ley entrará en vigor de manera completa e inmediata cuando el Parlamento constate este impedimento”. O sea, que si el Estado español impide la realización del referéndum -incluso mediante una resolución judicial-, entraría en vigor esta norma independentista, con lo que Cataluña se escindiría de España de manera unilateral.

Entre otras cosas, el borrador de la ley también crea una amnistía para los imputados y condenados por causas judiciales vinculadas con el proceso independentista. De esta forma quedarían amnistiados el ex presidente Artur Mas y las ex ministras Irene Rigau y Joana Ortega, entre otros políticos catalanes que han sido acusados de violar leyes españolas en el marco de sus acciones para promover el referéndum y la independencia de Cataluña. Además, el texto da por descontado que Cataluña podrá integrarse a la Unión Europea, algo que podría no resultar tan sencillo, ya que su integración al bloque regional debe aprobarse por unanimidad, o sea, contando con el voto de España.

Según las normas catalanas, el proyecto de ley podría ser aprobado de forma rápida, en un proceso que dure 48 horas y sin debate parlamentario. Todavía se desconoce cuándo lo presentará el gobierno al Parlamento catalán.

Las reacciones al documento divulgado por El País no se hicieron esperar. Después de un encuentro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, Rajoy se presentó ante los medios y aseguró que se trata de un “gravísimo chantaje”, una “amenaza” y un plan “antidemocrático”. Dijo que negociar con Puigdemont no es su función sino la de los diputados, por lo que lo invitó a comparecer ante el Congreso español. “Un líder convencido de la bondad de sus propuestas debe ejercer el liderazgo con coraje y valentía”, agregó, antes de mencionar que él mismo asistiría a esa sesión haciendo uso de su escaño de diputado. Avanzar con este proyecto sin contar con el aval del Congreso español implicaría “saltarse a la torera la voluntad de todos los españoles”.

Por otra parte, el fiscal general español, José Manuel Maza, se reunió con su equipo para analizar el texto, pero dijo que no actuará mientras sea un borrador, sino cuando se convierta en un acto jurídico, con su eventual aprobación en el Parlamento catalán. La cúpula judicial de España está más que atenta a lo que sucede en Cataluña y actúa ante cada medida dirigida a convocar un referéndum independentista. Por ejemplo, a comienzos de mayo presentó una querella contra varias autoridades catalanas que habían firmado, ese mismo día, un acuerdo para que una empresa catalana suministre 8.000 urnas para esa votación.

Más tarde, en una conferencia que brindó en un espacio de la sede de la Alcaldía de Madrid que había sido alquilado por la Generalitat catalana, Puigdemont respondió a Rajoy y le exigió “respeto a la movilización de Cataluña” y “un adecuado sentido de Estado” para enfrentar una negociación respecto del referéndum. Consideró que “un buen comienzo sería compartir la idea de que el sentido profundo de la democracia está asociado a las urnas”. Sin embargo, aclaró que no está dispuesto a participar en “ningún simulacro” ni en “ninguna maniobra de dilación”, en una clara referencia a la invitación al Congreso que le hizo Rajoy. Agregó que si no hay un acuerdo, el referéndum se celebrará de todas formas y volverá a haber una invitación al diálogo en el que “el objetivo ya no será celebrar el referéndum, sino invitar al Estado español a implementar sus resultados”.