Después de las expulsiones y detenciones masivas, y cuando todavía rige el estado de excepción en Turquía, empezó el lunes en Ankara el juicio a los supuestos responsables de planear y ejecutar el fallido golpe de Estado del 15 de julio de 2016. La mayoría de los acusados son militares, y 12 serán juzgados en ausencia.

Los acusados llegaron el lunes al tribunal de Sincan, en la capital turca, entre fuertes medidas de seguridad. En la puerta, esperaban decenas de manifestantes que gritaban “traidores” al unísono. En total, son 221 y, para ellos, la Fiscalía pide 2.988 condenas de cadena perpetua. Enfrentan miles de cargos, que van desde “intento de derrocar al gobierno”, “violación del orden constitucional” y “pertenencia a organización terrorista” hasta “asesinato de 250 personas” y “homicidio en grado de tentativa de 2.735 personas”.

La mayoría de los acusados en este caso son militares -27 de ellos con rango de general-, aunque también hay civiles. La Fiscalía informó que 12 personas serán acusadas en ausencia, incluido Fethullah Gülen, el clérigo turco exiliado en Estados Unidos al que el presidente Recep Tayyip Erdogan acusa de haber instigado el golpe. Ankara solicitó en repetidas ocasiones su extradición, que aún es analizada en los tribunales estadounidenses. Otra de las figuras ausentes más relevantes es Adil Oksüz, un académico considerado líder civil del golpe, que fue puesto en libertad a la mañana siguiente del intento golpista y se desconoce dónde se encuentra.

Durante la primera sesión del juicio, declararon 38 acusados que aparecen en documentos incautados por las autoridades al Consejo Paz en la Patria, el órgano que según los militares sublevados se haría cargo del gobierno en lugar de Erdogan. Esta primera etapa del proceso durará hasta el 16 de junio.

De acuerdo con datos del gobierno, 103.850 personas fueron investigadas por su supuesta participación en la trama golpista, de las cuales 41.325 permanecen en prisión de forma preventiva y 35.495 están en libertad provisional.

Funcionarios del gobierno turco declararon en más de una ocasión que el estado de excepción, anunciado unos días después del fallido golpe, no se levantará hasta que se logren “la estabilidad y la seguridad” en el país.

El mismo día que se inició el juicio, Amnistía Internacional publicó un informe en el que denuncia que más de 100.000 funcionarios y empleados del sector público de Turquía fueron expulsados de sus puestos de trabajo y condenados a la “aniquilación profesional” bajo acusaciones genéricas de “vínculos terroristas”. Según la organización, se trata de una medida “arbitraria” que el gobierno de Erdogan empezó a aplicar después del intento de golpe de Estado. El documento advierte que además de quedarse sin posibilidades de encontrar trabajo porque tienen la “mancha” de ser “enemigos políticos”, estas personas tampoco pueden emigrar, porque el decreto de expulsión conlleva también la anulación de su pasaporte.

La organización reconoce que si bien algunas expulsiones pueden estar justificadas, los afectados no recibieron información concreta sobre sus casos y no tienen detalles sobre las razones de sus despidos.

Amnistía Internacional asegura que, en total, fueron despedidos 8.000 militares, 24.000 policías, 33.000 docentes, 6.000 funcionarios de la salud, 5.000 académicos, 4.000 jueces y fiscales y 3.000 empleados de la oficina del primer ministro, Binali Yildirim.