Los diputados argentinos se disponían a aprobar anoche un proyecto de ley que limita la vigencia del beneficio creado con la Ley 24.390, conocido como “2x1”, cuya aplicación al ex represor Luis Muiña, dictaminada el miércoles 3 por la Corte Suprema de Justicia, generó fuertes reacciones de rechazo. Estas surgieron entre organizaciones sociales y en militantes por los derechos humanos, que convocaron a concentrarse hoy en Plaza de Mayo, y también en la Cámara de Diputados, que en su primera sesión tras el fallo tuvo a su consideración siete proyectos de ley para que el 2x1 no se aplique a estos casos.

El beneficio 2x1 computa dos años de pena cumplida por cada uno de prisión preventiva, o sin condena firme, a partir del tercero, y podría implicar reducciones importantes de penas e incluso la liberación inmediata de varios represores de la dictadura argentina. Ayer se presentaron ante la Cámara de Diputados siete proyectos de ley dirigidos a impedir que se siga aplicando a las personas que violaron derechos humanos, así como dos pedidos de juicio político contra tres de los cinco jueces de la Corte Suprema, los que se pronunciaron a favor del 2x1 en este caso: Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton.

La iniciativa más suave era la del oficialismo, que sólo restringía temporalmente la aplicación del beneficio al período en el que la ley estuvo en vigencia, entre 1994 y 2001. Ante la multiplicidad de iniciativas, oficialismo y oposición llegaron a un proyecto común que, según el diario Clarín, establece ese límite temporal pero también establece que este beneficio de reducción de pena no podrá ser aplicado a personas condenadas por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad y de guerra.

Desde que se conoció el fallo, algunas miradas están puestas en el gobierno. Una de ellas es la de la diputada Victoria Donda, hija de desaparecidos, que responsabilizó al presidente Mauricio Macri por haber generado un “ambiente” que hizo posible la sentencia. En particular, Donda dijo que dos de los tres votos a favor que tuvo el dictamen judicial corresponden a jueces designados por el actual presidente.

Sin embargo, el gobierno aseguró que no tuvo nada que ver con el fallo, y algunos de los jerarcas argentinos y referentes del oficialismo lo repudiaron públicamente. Entre las declaraciones más duras estuvieron las de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal: “Nuestra posición es clara: los delitos de lesa humanidad deben ser tratados como delitos de lesa humanidad y no como delitos comunes, porque la única forma de aliviar el dolor, de reparar en algo el sufrimiento de las víctimas y de sus familias, es con respuestas justas”. También reaccionó desde el oficialismo la diputada Elisa Carrió, quien aseguró que el gobierno también rechaza lo sucedido y que el dictamen “demuestra la independencia que hoy tiene el Poder Judicial”, porque no hay “nada más perjudicial para el Ejecutivo que este fallo”.

La decisión judicial generó reacciones en todo el espectro político argentino. La ex presidenta Cristina Fernández, que estaba en una gira por Europa, decidió volver a su país por este tema, al que consideró “de suma gravedad”. En Twitter, Fernández aseguró que “este fallo no se hubiera dado en el gobierno anterior”, y agregó: “Hay un clima que rápidamente han recuperado los viejos socios de la dictadura”.

Sin embargo, en algunos medios argentinos, como La Nación y Clarín, enseguida aparecieron notas que recordaban que durante el gobierno de Fernández hubo un caso similar al de Luis Muiña, el de Antonio Herminio Simón, ex jefe de un batallón de inteligencia que participó en desapariciones forzadas. Simón fue detenido en 2002 y condenado recién en 2012, por el juez Ariel Lijo, a 19 años de prisión. Por cuestiones técnicas, la pena se consideraría cumplida en agosto de 2013, según estableció el propio Lijo. El fiscal de la causa presentó un recurso ante la Corte Suprema en 2013 pero esta consideró que era “inadmisible”, sin dar explicaciones.

Caminos judiciales

El fiscal Guillermo Marijuan pidió que se investigue a los tres jueces de la Corte Suprema que votaron a favor de aplicar el beneficio del 2x1 a Muiña. Lo hizo a raíz de una denuncia del ex edil de Buenos Aires Marcelo Parrilli, que acusó a los jueces de haber dictado una sentencia contraria a la ley.

Marijuan considera en su pedido de investigación que la decisión de los tres jueces “podría contrariar el contrato social de los argentinos y la política de Estado sostenida por sus tres poderes para perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar” argentina, según informó la agencia de noticias Télam. La denuncia quedó radicada en el juzgado federal de Daniel Rafecas.

Consultado sobre este caso, Rafecas dijo que “es una situación muy delicada desde el punto de vista institucional”. Agregó que el prevaricato, el delito de dictar una sentencia a sabiendas de que es contraria a la ley, “es un delito poco visto” y que es “raro” tener que investigar a dos miembros de la Corte Suprema de Justicia. Además, Rafecas dijo que se sorprendió “positivamente” por la reacción social ante el fallo de la corte. “Es un síntoma de madurez de la sociedad democrática”, añadió.

Ayer llegó un nuevo fallo judicial que declaró inconstitucional la posibilidad de aplicar el beneficio del 2x1 a represores de la dictadura. Fue emitido en San Juan, donde había solicitado su aplicación el ex militar Alejandro Lazo, condenado en 2013 a diez años de prisión por torturas, desaparición y privación ilegítima de la libertad. Lazo estuvo entre los primeros cinco represores en pedir la aplicación del beneficio. El tribunal oral de San Juan concluyó, tal como reclamaba el fiscal, que aplicar este beneficio en un caso de lesa humanidad vinculado con la dictadura viola la Constitución porque vulnera el derecho a la verdad y los pactos internacionales con los que Argentina está comprometido, informó el diario La Nación.

Los jueces agregaron que el fallo de la Corte Suprema de Justicia no es vinculante para los demás tribunales y que aplicar el beneficio a estos presos y no a los comunes implicaría dar un trato privilegiado a los condenados por violaciones de los derechos humanos.

El viernes había llegado el primer fallo de este tipo: un tribunal de Buenos Aires rechazó el pedido del ex represor Héctor Girbone de que se le aplicara el beneficio. Los tres jueces de esa corte presentaron distintos argumentos para rechazar el pedido, y uno de ellos, Gabriel Nardiello, señaló que los magistrados no tienen la obligación de seguir todos los fallos de la corte, en especial cuando no son unánimes, como en este caso.

Por otra parte, el representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, criticó la decisión de la Corte Suprema en un comunicado. “La aplicación de la ley más benigna debe ser interpretada a la luz de los estándares internacionales aplicables a los delitos de lesa humanidad”, advirtió, y agregó que este tipo de delitos agravian “a todos los seres humanos”, por lo cual “no pueden asimilarse a delitos comunes”, y su gravedad “requiere de una sanción proporcional”. Por último, señaló que no se puede “invocar disposiciones de derecho interno” para justificar “el incumplimiento de una obligación internacional”.