La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Brasil por violar esos derechos a decenas de personas en dos incursiones policiales que se hicieron en 1994 y 1995 en la favela carioca Nova Brasília. En su sentencia, la corte relata que en 1994 una incursión policial en la favela tuvo como consecuencia la muerte de 13 residentes, cuatro de ellos niños, y tres mujeres violadas, dos de ellas menores de 18 años. En una segunda incursión, en 1995, murieron otros 13 habitantes de la favela, dos de ellos niños.

La Policía Civil de Río de Janeiro abrió una investigación por las muertes, pero en 2009 la cerró porque los delitos cometidos habían prescrito. Ninguna investigación fue abierta por las violaciones.

La Corte IDH constató que las investigaciones “no cumplieron con los mínimos estándares de debida diligencia en casos de ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones a los derechos humanos”, no se hicieron los peritajes necesarios y hubo “una demora injustificada de 15 años, atribuible al Estado”, lo que se tradujo en “denegación de justicia” e impunidad. El tribunal agregó que cuando hay muertes debido a la actuación policial la investigación debe quedar a cargo de un órgano que no sea la propia Policía, tal como sucede actualmente en Brasil.

Constatadas las violaciones a los derechos humanos, la corte condenó a Brasil y ordenó que el gobierno de Michel Temer adopte “medidas de reparación”, entre ellas la reapertura de la investigación por las muertes y el inicio de otra por las violaciones.

Por fuera del caso denunciado, la corte ordena al gobierno que adopte una serie de medidas que desde hace años son reclamadas por organismos de derechos humanos: que la Policía de Río de Janeiro establezca metas de reducción de la letalidad y violencia policial, que se publiquen anualmente los datos de la violencia policial en todo el país, que las investigaciones de hechos de este tipo queden a cargo de un organismo independiente y que se implemente un programa de atención a las mujeres que son víctimas de violencia sexual.

Organizaciones y activistas por los derechos humanos advierten desde hace años acerca de que la violencia policial en Río de Janeiro no para de crecer: 182 habitantes de favelas murieron en enero y febrero de este año durante operaciones policiales. El dato está incluido en un informe que Amnistía Internacional entregó a la Organización de las Naciones Unidas en el marco de la evaluación que lleva a cabo sobre Brasil desde comienzos de mes el Consejo de Derechos Humanos.

Durante una de las instancias de esa evaluación, el secretario de Seguridad carioca, Roberto Sá, dijo que la política de instalar Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en las favelas del estado fue “demasiado osada”. Agregó: “Fuimos demasiado osados, estamos pagando un alto precio por haber hecho ese intento de llevar la paz a todas las áreas, incluso las más calientes”.

La iniciativa de las UPP fue de su antecesor, José Mariano Beltrame, que las instaló en 2007 como parte de una iniciativa que incluiría el desarrollo de servicios públicos y programas sociales en las favelas. Sin embargo, estos otros dos pilares de la política no se instalaron plenamente, y cuando se instaló la crisis económica en Río de Janeiro, en 2015, los recursos para el programa empezaron a ser cada vez menores. Beltrame exigió en varias oportunidades que se incrementaran esos recursos tanto para las unidades policiales como para los programas vinculados con esa política. Ante la falta de respuestas, renunció a su cargo el año pasado.