A los 17 años los mantienen sus padres, su hogar recibe asignaciones familiares, tienen cobertura de salud sólo por ser hijos de trabajadores con empleo formal. A los 18 pierden este último derecho, y la mitad están empleados en trabajos informales que les impiden acceder a beneficios de protección social. A los 21 años, cesa la protección que tenían por ser menores, muchas veces sin que haya culminado su trayectoria educativa, o hayan obtenido un empleo estable, o sin haber alcanzado autonomía en otras dimensiones. Sobre esta transición entre la adolescencia y la vida adulta hay que pensar políticas públicas adicionales, sugieren los autores del informe “Protección social en Uruguay. Estudio centrado en la población entre 14 y 29 años”, encargado por el Instituto Nacional de la Juventud y el Ministerio de Desarrollo Social.

El estudio, que se presentó ayer, estuvo a cargo de la economista Paula Carrasco, y participaron otros investigadores del Instituto de Economía (Iecon) de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República.

Una de las claves que marca diferencias entre los tramos de edad es la tenencia de un empleo formal que brinda acceso a beneficios como el seguro de desempleo y la cobertura del Fonasa. A los 18 años, menos de 50% de los jóvenes tiene un empleo formal; las cifras se acercan un poco más al promedio de la población a los 21, cuando 71% de los jóvenes tienen empleos formales. Entre los ocupados adolescentes, de 14 a 17 años, sólo 8% tiene un empleo formal.

A los 18, cuando los jóvenes dejan de tener cobertura de salud contributiva por el empleo de sus padres, si no consiguen un empleo formal pueden, en algunos casos, atenderse en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Pero este beneficio no le corresponde a toda la población, sino solamente a personas cuyos ingresos no superen los 6.100 pesos aproximadamente. Si superan ese monto, la persona puede afiliarse a ASSE pero pagando una cuota mensual.

La cobertura de salud por el empleo formal de los padres puede extenderse a los hijos hasta los 21 años, pero cesa indefectiblemente a esa edad. La extensión se produce si los padres lo quieren, y para ello deben pagar una suma fija adicional, lo que “muchas veces conduce a que al alcanzar la mayoría de edad el adolescente deja de contar con seguro de salud contributivo”, advierte el estudio. Agrega que si bien cuando el adolescente es de bajos recursos continúa estando asegurado en el sector público, la mayoría de edad puede implicar un cambio de institución en la que se atiende, “con los trastornos que puede generar en personas que se encuentran en tratamiento”.

El estudio menciona que existen políticas activas de empleo dirigidas a jóvenes, pero señala que estas en su mayoría excluyen a los mayores de 24 años, como si para estos jóvenes fueran aplicables las políticas destinadas al conjunto de la población. Además, en su mayoría están destinadas a los jóvenes vulnerables socioeconómicamente.

Los autores concluyen que la protección social destinada a adolescentes y jóvenes va disminuyendo con la edad, y por tanto “presenta deficiencias para acompañar el proceso de finalización de la educación obligatoria, inserción en un empleo estable y autonomía que caracterizan esta etapa de la vida”.

Hay un salto importante entre los 17 y los 18 años, cuando concluyen varios mecanismos de protección, y hay una discontinuidad marcada a los 21, mientras que en el pasaje a los 25 los jóvenes dejan de ser beneficiarios de políticas activas para el mercado de trabajo. Pero la edad de emancipación es bastante superior en más de la mitad de los jóvenes. Según la última Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud del Instituto Nacional de Estadística, 53% de los jóvenes se emancipa recién entre los 25 y los 29 años.

Unos añitos más

Los autores del informe advierten que debe considerarse la etapa de transición hacia la vida adulta como “un período de vulnerabilidad que hay que acompañar con dispositivos flexibles”. Sostienen que las opciones de política deben orientarse hacia la universalización de la culminación de educación media, mejorar los aprendizajes y disminuir la inequidad en los logros y la desvinculación escolar. Agregan que deberían fomentarse políticas y medidas para compatibilizar trabajo y estudio, por ejemplo, incorporando cláusulas especiales en los convenios acordados en los Consejos de Salarios destinados a los jóvenes, en particular a los más vulnerables.

En relación a la cobertura de salud, sostienen que el instrumento creado para contener a los jóvenes dentro del sistema hasta los 21 años “parece no estar funcionando” y no da “la respuesta correcta” a los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad. Sugieren extender los beneficios de la cobertura contributiva hasta los 24 años, en línea con lo establecido por el Plan Nacional de Juventud y la Organización Mundial de la Salud, en el caso de que el joven continúe dependiendo de sus padres en materia económica.