Hoy la Procuraduría General de Brasil empezará a enviar a la de Argentina, liderada por Alejandra Gils Carbó, la información que tiene sobre los sobornos que ha pagado la constructora Odebrecht en Argentina. Además de documentos, enviará videos y archivos de audio con todas las pruebas que acumuló.

En ese paquete se incluirán las confesiones de 77 ex jerarcas de Odebrecht que hicieron un acuerdo con la Justicia de brindar información a cambio de una reducción de la pena en Brasil. Además de sus testimonios, los ex directivos presentaron movimientos bancarios, correos electrónicos y contabilidades paralelas, entre otras pruebas. Según reconoció la empresa brasileña ante la Justicia estadounidense a fines de 2016, en Argentina pagó 35 millones de dólares en sobornos entre 2007 y 2014. Odebrecht tuvo ocho obras públicas adjudicadas en ese país de 2005 a 2013.

Gils Carbó es una de las pocas jerarcas que se mantienen en el gobierno desde las administraciones kirchneristas. Desde que comenzó la presidencia de Mauricio Macri ha habido varios roces entre el Ejecutivo y la Procuraduría. Las investigaciones sobre Odebrecht han sido un nuevo escenario para ese enfrentamiento: el gobierno ha asegurado que las coimas las cobraron los kirchneristas, que Gils Carbó los está encubriendo y que por eso no se ha avanzado con las investigaciones. La procuradora se ha defendido argumentando que es ella quien alcanzó el acuerdo con la Justicia brasileña para acceder a la información que recibirá esta semana, y que el macrismo no quiere que avancen las investigaciones porque estas podrían involucrar a un primo de Macri, Angelo Calcaterra, que hasta este año fue uno de los mayores empresarios de la construcción de Argentina.

Ya hay tres investigaciones en curso sobre Odebrecht en Argentina. En los tres casos se busca verificar si la empresa pagó para que se le atribuyeran obras en licitación. Las tres obras que se indagan son las de construcción de dos plantas potabilizadoras y de una vía subterránea para la línea de ferrocarril Sarmiento, en la que Odebrecht es socia de Iecsa, la empresa constructora que era de Calcaterra. Este vínculo incluso fue explotado por la diputada Elisa Carrió, aliada del gobierno de Macri, al que acusó de estar protegiendo a “algunos sectores” que son parte del gobierno o cercanos a él.

Mientras Gils Carbó alcanzaba con Brasil el acuerdo que le permitirá acceder a la información, el ministro de Justicia argentino, Germán Garavano, intentó negociar con la empresa un acuerdo similar al que esta alcanzó en Brasil: que confiese a quiénes les pagó coimas a cambio de una reducción de la pena. Según el gobierno, el acuerdo no fue posible porque Odebrecht pretendía la inmunidad total para sus trabajadores en Argentina, algo a lo que el Ejecutivo no estaba dispuesto a acceder, y que, en todo caso, no tenía la autoridad para aceptar en nombre de la Justicia. Tan es así que, mientras avanzaban las negociaciones en una reunión entre ambas partes, un tribunal, en una acción independiente, ordenaba el allanamiento de las oficinas de Odebrecht en Argentina, con lo que los empresarios se retiraron de la reunión a las apuradas.

Según Gils Carbó, este tipo de gestiones demuestran que el gobierno está preocupado por manejar las investigaciones judiciales sobre Odebrecht y determinar sus avances y retrocesos.