El juez de Curitiba Sérgio Moro condenó al ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva a nueve años y seis meses de prisión y 19 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, pero la aplicación de la condena está en suspenso hasta que sea ratificada en segunda instancia por un tribunal. Este es un proceso en el que Lula se ha declarado inocente desde el principio y en el cual, según el Partido de los Trabajadores (PT), fue condenado sin pruebas.

“La condena al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva representa un ataque a la democracia y a la Constitución”, se trata de “una medida equivocada, arbitraria y absolutamente ilegal” que se basa “exclusivamente en delaciones premiadas [...] sin que hubiera presentación de pruebas que la justifiquen”, aseguró el PT en un comunicado emitido ayer, en el que reiteró que Lula es víctima de “un proceso de persecución” política y reafirma la inocencia del ex presidente.

Además de emitir el comunicado, el PT se contactó con otras organizaciones políticas y movimientos de izquierda para convocar en estos días protestas contra el fallo judicial. La mayoría de los dirigentes del PT argumentaron en la misma línea, entre ellos la ex presidenta Dilma Rousseff, quien advirtió: “Las garras de los golpistas intentan rasgar la historia de un héroe del pueblo brasileño. No lo conseguirán”.

Moro declaró a Lula culpable de los delitos de corrupción y lavado de dinero, y lo condenó a nueve años y medio de prisión, a pagar una multa de más de 200.000 dólares y a una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 19 años, que si es confirmada en un tribunal de segunda instancia le impediría presentarse a las elecciones de 2018, para las cuales es favorito en las encuestas de intención de voto. El juez no ordenó que Lula sea trasladado a prisión, tal como podría haber hecho, y le permitió apelar en libertad. En la sentencia, manifestó que había elementos para pedir la prisión en esta etapa del proceso porque hay indicios de que el ex mandatario intentó obstruir la actuación judicial. Pero argumentó que “la prisión de un ex presidente de la República no deja de involucrar ciertos traumas, [por lo cual] la prudencia recomienda que se aguarde el fallo de la Corte de Apelaciones antes de aplicar las consecuencias propias de la condena”. La Corte de Apelaciones que recibe todos los casos de Moro -porque estos tribunales están distribuidos por región- optó por la absolución en 30% de los casos vinculados con la corrupción en Petrobras.

Los abogados de Lula emitieron un comunicado en el que no sólo anunciaron que apelarán la sentencia, sino que también acusaron a Moro de haber tomado una decisión exclusivamente política. “No se presentó ninguna evidencia creíble de culpa y las pruebas aplastantes de su inocencia fueron ignoradas”, dijeron. “Este juicio políticamente motivado ataca al Estado de Derecho de Brasil, a la democracia y a los derechos humanos básicos de Lula”, agregaron. Varios juristas coincidieron en criticar la sentencia al ser consultados por la página de noticias judiciales Justificando, vinculada con la revista Carta Capital. “Fue un proceso penal de excepción con vicios evidentes característicos de un objetivo político y no de la aplicación del orden jurídico”, dijo a ese medio Pedro Estevam Serrano, profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica de San Pablo.

La condena contra Lula corresponde a uno de los cinco procesos judiciales en los que está acusado. En este caso, se lo acusa de haber recibido un apartamento de tres pisos en Guarujá, en el estado de San Pablo, valorado en unos 1,2 millones de dólares, como soborno a cambio de beneficiar a la empresa OAS con contratos de Petrobras. La acusación de la Fiscalía se basó en las declaraciones del ex presidente de OAS Léo Pinheiro. Con la delación premiada de Pinheiro hubo idas y vueltas: la primera vez que dijo todo lo que sabía a cambio de una reducción de la pena no mencionó a Lula y el acuerdo fue rechazado, pero al segundo intento sí incluyó al ex presidente. Su versión ha variado bastante, por lo cual todavía no firmó un acuerdo.

Según la acusación, OAS entregó este apartamento a Lula, pese a lo cual sigue estando a nombre de la empresa. El ex presidente asegura que nunca utilizó el apartamento, aunque sí reconoce que en 2005, cuando el edificio empezó a ser construido por una cooperativa, su esposa, Marisa Letícia Rocco -fallecida en febrero-, hizo un pago inicial por acceder a la opción de comprar uno de los apartamentos. Más adelante, la cooperativa se fundió y OAS se quedó con la propiedad, y dio a los eventuales compradores la oportunidad de recuperar el dinero inicial o mantenerse en el negocio; el matrimonio no dio ninguna respuesta a esa propuesta.

Aunque encontró a Lula culpable de cobrar esta supuesta coima, Moro lo absolvió de otra acusación de la Fiscalía: la de “comandar” el esquema de corrupción en Petrobras, al considerar que “no es necesario definirlo de momento”. Anoche la Fiscalía anunció que va a apelar el fallo porque considera que la pena debió ser mayor.

El ex presidente es acusado en otras cuatro causas. Una de ellas también está en manos de Moro y refiere a si Odebrecht intentó entregar, como pago de sobornos por 12 millones de reales, el terreno en el que está instalado el Instituto Lula. En otras dos investigaciones se intenta determinar si Lula manipuló a Rousseff para que comprara unos aviones de combate suecos a cambio de un soborno o si influenció al Banco Nacional de Desarrollo para que favoreciera a Odebrecht con sus créditos. Por último, se acusó a Lula de haber operado para frenar las investigaciones judiciales en su contra, pero el martes la Fiscalía pidió que se archive la causa porque no hay pruebas que la respalden, salvo la declaración del ex senador Delcídio Amaral, quien podría haber mentido para obtener una reducción de la pena a cambio de delatar a otros.