La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas acusó al gobierno venezolano de haber “maltratado” y “torturado” a opositores que han participado en protestas o han sido detenidos. De acuerdo con una investigación en la que recabó testimonios a distancia, de 124 muertes en protestas, 46 fueron consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad y 27 se atribuyen a “grupos armados progubernamentales”.

Desde ayer hasta hoy, los partidos políticos venezolanos tenían plazo para inscribir a sus candidatos para las elecciones de gobernadores y de asambleas legislativas locales que se fijaron para el 10 de diciembre. La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) todavía no decidió si participará en los comicios, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya le advirtió, ayer, que no podrá presentarse con esa sigla en todo el país. En un comunicado, el CNE informó que en siete de los 23 estados la MUD no podrá participar, “en cumplimiento de decisiones acordadas por juzgados de esos estados, relacionadas con juicios que se vienen adelantando desde el año pasado”. Sí podrán inscribirse en esos siete estados –en cinco de los cuales la MUD ganó las legislativas de 2015– candidatos de los partidos que integran la coalición.

La MUD no reaccionó formalmente ante el anuncio ayer, día en el que convocaba a piquetes en todo el país para protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro. La mayor agrupación de la oposición reclamaba la convocatoria de estas elecciones, que debieron realizarse el año pasado. Pero actualmente la MUD está dividida sobre si participar o no. Algunos argumentan que debe hacerlo para enfrentarse al oficialismo en las urnas por primera vez desde las legislativas de 2015, en las que logró la mayoría en la Asamblea Nacional, el parlamento venezolano. Otros sostienen que la oposición no debe participar en unas elecciones convocadas por un gobierno cuya salida se está reclamando, y bajo una justicia electoral de la que desconfía.

Algunos partidos optaron por presentarse, como Acción Democrática, el del ex presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup, mientras que otros ya anunciaron que no lo harán, como la Alianza Bravo Pueblo, de Antonio Ledezma, el alcalde de Caracas que fue destituido por la Justicia y cumple arresto domiciliario. Todavía no definieron sus posiciones dos de los partidos más grandes de la coalición opositora: Voluntad Popular, de Leopoldo López, y Primero Justicia, de Henrique Capriles.

La incertidumbre sobre la participación de la MUD en las elecciones ha sido el centro de críticas de algunos dirigentes de los partidos que la integran, que también han rechazado su inmovilismo ante la “toma” de la sede de la Asamblea Nacional por parte de la Asamblea Constituyente, integrada totalmente por oficialistas. Ayer, día en el que estaba prevista una sesión ordinaria del parlamento venezolano, unos diez diputados opositores se dirigieron a la sede legislativa, pero los policías apostados en la puerta les impidieron ingresar al recinto.

La MUD tuvo que enfrentar otro revés ayer: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) condenó a 15 meses de prisión e inhabilitación política a Ramón Muchacho, el alcalde de Chacao, un bastión opositor de Caracas. La condena fue dictada por el delito de desacato, ya que Muchacho desobedeció la orden del Poder Ejecutivo de impedir los cortes de calles durante las protestas contra el gobierno. Las audiencias por este juicio comenzaron la semana pasada y Muchacho no asistió, argumentando que sufría problemas de salud. Ayer se desconocía el paradero del alcalde, que pertenece a Primero Justicia, el partido de Capriles. Por los mismos delitos comenzará hoy un juicio contra el alcalde de El Hatillo, David Smolansky, que pertenece a Voluntad Popular, al igual que López.

La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas denunció que las fuerzas de seguridad venezolanas han “maltratado” y “torturado” de forma “generalizada y sistemática” a manifestantes y detenidos. La portavoz de la oficina, Ravina Shamdasani, dijo que no se trata de “casos aislados”.

La oficina intentó que un equipo ingresara a Venezuela para conocer de primera mano lo que está sucediendo en el país, pero ante la negativa del gobierno, el equipo se trasladó a Panamá, desde donde hizo 135 entrevistas a distancia. Los testimonios obtenidos en esas entrevistas “sugieren que en Venezuela ha habido un uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes”, afirmó Shamdasani. También revelan que las fuerzas de seguridad “emplearon sistemáticamente la fuerza desproporcionada a fin de inspirar miedo, acallar a los disidentes y evitar que los manifestantes se reunieran”, agregó.

A su vez, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos llevó adelante un relevamiento de los casos de personas que murieron durante las protestas. Concluyó que de las 124 muertes contabilizadas por la Oficina de la Fiscal General hasta el 31 de julio, “las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46” y “los grupos armados progubernamentales [...] de otros 27 casos”, según informó Shamdasani. La portavoz también dijo que “la destitución de la fiscal general está en la línea” de las irregularidades denunciadas. “El Estado de derecho en el país se ha roto y la fractura se está ahondando”, agregó.

Por su parte, el alto comisionado de Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, dijo que “la responsabilidad de las violaciones de derechos humanos corresponde a los más altos niveles del gobierno” y que “no hay indicios de que esa actuación vaya a cesar”. Zeid exhortó al gobierno a poner fin “de inmediato al uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes”, y dijo también que estos abusos ocurren “en plena ruptura del Estado de derecho en Venezuela, con ataques constantes del gobierno a la Asamblea Nacional y a la Oficina de la Fiscal General”.