Podría haber sido peor. El miércoles 16 vuela una casa en las afueras del pueblo de Alcanar, 200 kilómetros al sur de Barcelona. “Acá nunca pasa nada”, comentó el sorprendido alcalde Alfons Monserrat. Encontraron allí garrafas sin detonar, elementos para armar explosivos y la evidencia de que en la casa funcionaba una célula yihadista de 12 personas desde hacía un año. El 17 de agosto, esos yihadistas –menos los cuatro que murieron con la garrafa explotada en un descuido en Alcanar y otros tres que fueron detenidos– llevaron a cabo un atentado menor al largamente planificado, que era volar la basílica de La Sagrada Familia, la obra maestra inacabada de Antonio Gaudí, y otros objetivos. Eso fue lo que dijo uno de los detenidos y recogieron varios medios.

Un terrorista alquiló en Cambrils (por 209,90 euros) una furgoneta Fiat Talento con los documentos de su hermano (eso sostuvo el hermano) y a las 17.00 atropelló en zigzag a los paseantes de las Ramblas, matando a 14 transeúntes e hiriendo a un centenar de personas de 34 nacionalidades: turismo en pleno.

El conductor logró escapar y luego fue muerto por la policía. El viernes 18, en Cambrils, a 70 kilómetros al sur de Barcelona, intentaron nuevamente atropellar: murió una transeúnte y cuatro de los cinco terroristas a bordo de un Audi A3. El que sobrevivió fue detenido. Se hizo una misa en la Sagrada Familia por las víctimas de los ataques.

Fue el peor atentado terrorista en España desde el ataque a cuatro trenes locales de Madrid en la hora pico de la mañana el 11 de marzo de 2004, que mató a 192 personas e hirió a 1.400 o 2.000 (la cifra varía, según la fuente que se consulte).

Tres bombas que lograron ser desactivadas proporcionaron pistas para la detención de parte de los responsables, que eran de Estado Islámico. El entonces presidente del gobierno, José María Aznar, se apresuró en adjudicarle el atentado a ETA, en una jugarreta electoral que terminaría costándole las elecciones y también la presidencia del Partido Popular. El gobierno fue a parar a manos del Partido Socialista Obrero Español con José Luis Rodríguez Zapatero, que renovaría su mandato en 2008.

A los efectos de este tema, lo importante fue que ese mismo año Zapatero reorganizó el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que arrastraba los lastres de ser un instrumento político. Creado en 1972 bajo el franquismo y el mando del almirante Luis Carrero Blanco como Seced, transformado en 1978 por el gobierno de transición democrática de Adolfo Suárez en Cesid, y convertido en CNI en 2002, unificó bajo el mismo mando las tareas de inteligencia y contrainteligencia y las sometió a control judicial. La reforma del CNI que se hizo bajo el mando directo de Zapatero consistió en su despolitización, con excelentes resultados.

Hasta el de este mes no se habían producido más atentados terroristas en España desde 2004 por la alta eficacia del CNI, reconocida ampliamente. En 2008 se estuvo cerca: lograron frustrar un atentado de Estado Islámico en el Metro de Barcelona y detener a diez terroristas. El número de terroristas detenidos desde entonces es superior a 700, según The New York Times, y sólo en el período de auge de Estado Islámico a partir de 2013 y hasta 2016 fueron detenidos 113 terroristas; 30% en Cataluña y, de ese porcentaje, 27% en Barcelona, según la BBC. Unas 30 operaciones yihadistas en Cataluña fueron abortadas, y por más de una década España pareció inmune a los ataques que jaqueaban Europa. Sin aspirar a una lista exhaustiva, sucedieron varios atentados en París entre el 7 y 9 de enero de 2015, comenzando con el de las oficinas de la revista satírica Charlie Hebdo; nuevamente en París, el 13 de noviembre de 2015 con 137 muertos y 415 heridos; 35 muertos y 340 heridos el 22 de marzo de 2016 en Bruselas; el 14 de julio, Día Nacional, con un atropellamiento en la rambla de Niza que causó 84 muertos y 202 heridos; otro atropello con vehículo en Berlín, con 11 muertos y 16 heridos; y el 20 de abril de este año, un policía fue muerto en los Campos Elíseos de París.

“Las fuerzas de seguridad españolas se han tallado la reputación de ser los más obstinados operadores antiterroristas, librando su batalla bajo la superficie engañosamente plácida en un país cuya larga costa sobre el Mediterráneo, justo enfrente de Marruecos, lo hace un tentador punto de entrada a Europa de los yihadistas”, afirmó The New York Times.

Ahora, el CNI, cuyo titular es el presidente Mariano Rajoy, debe encontrar respuestas para la capacidad lograda por una célula de 12 yihadistas, tres de los cuales eran tan jóvenes que ni barba les crecía. Pudieron hacer esta serie de atentados incluso aunque debieron rebajar sus planes, ante imprevistos que además redujeron marcadamente sus efectivos. “Para los yihadistas, España es en buena medida la línea de frente”, según el ex asesor sobre terrorismo del gobierno de Estados Unidos Bruce Hoffman, de la Universidad de Georgetown, citado por el diario. Y Matthew G Olsen, ex director del National Counterterrorism Center, afirmó que “las autoridades españolas están a la cabeza de este juego. Han sido muy exitosas en sus tareas de identificación y disrupción de actividades”.

Esta capacidad que se les atribuye a las fuerzas contraterroristas españolas la explican a partir de las décadas de experiencia que tienen acumuladas en su combate a ETA, y a la incorporación de legislación que habilitó su mejor accionar. The New York Times no especifica el contenido de esa legislación. Sí menciona que el CNI tiene una buena relación de colaboración con el gobierno de Marruecos, “que ha logrado infiltrar exitosamente núcleos de emigrantes marroquíes en Europa”.

El otro aspecto a notar es que, pese a la agresividad de su política antiterrorista y al alto desempleo producto de su crisis económica de 2008, en España no han emergido movimientos radicales de derecha y antimusulmanes, que sí surgieron en otros países de Europa. Los dirigentes políticos españoles señalan su orgullo, recoge el diario, por los esfuerzos hechos para integrar a los musulmanes a la sociedad española.