Con el asesoramiento legal del abogado Leonado Costa, ex prosecretario de Presidencia durante el gobierno de Jorge Batlle, el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Mario Bergara, hizo ayer sus descargos ante la Corte Electoral, a raíz de la denuncia que presentó ante ese organismo el Partido Colorado (PC). Tras la entrevista con el semanario Crónicas, en la que Bergara no descartaba ser candidato a la presidencia en el marco de un proceso de renovación del Frente Amplio, los colorados lo denunciaron por una presunta violación del artículo 77 de la Constitución, que establece que los directores de entes autónomos y servicios descentralizados “deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público”, de hacer cualquier manifestación política.

Pero el informe de 26 páginas que ingresó ayer a la Corte, al que accedió la diaria, descarta de plano esa posibilidad. “Si bien el Partido Colorado posee legitimación para presentar esta denuncia, resulta claro y manifiesto que la misma no se encuentra debidamente fundada, puesto que no parte de los hechos en sí mismos, sino de la interpretación que los promotores realizan de estos hechos”, señala el documento. Agrega que la denuncia del PC debería estar fundada en hechos “claros y contundentes”, pero en realidad apenas se basa en la “interpretación de los dichos de Bergara y no en lo dicho por él”. “¿Se autopostuló Bergara como candidato a presidente para las elecciones de 2019? ¿Se expresó la voluntad de ser candidato a la presidencia? ¿Se indicó que iba a ser candidato a presidente en las próximas elecciones, dentro de dos años, en 2019? La respuesta negativa se impone, lo que demuestra la primera falencia en la denuncia presentada. Pues, no se parte de los hechos y de una interpretación objetiva de los mismos; sino que se parte de lo que los denunciantes interpretan de esos dichos”, continúa la fundamentación.

Luego cita prácticamente todos los fragmentos de la entrevista con Crónicas y concluye que esas declaraciones “no implican de modo alguno realizar una autocandidatura”; por el contrario, proponen enmarcar este análisis en “los derechos de libertad de expresión y los derechos políticos de los que está haciendo uso el compareciente”.

Según el escrito, de aplicarse en este caso la sanción de destitución y de inhabilitación para ocupar cualquier empleo público que solicitan los colorados “se estarían afectando gravemente la libertad de expresión y los derechos políticos”. Se trataría, según argumentan, de una sanción “sin precedentes en el derecho uruguayo” que debería aplicarse en casos “por demás graves, significativos, manifiestamente [más] trascendentes” que este.

“El hecho considerado, por demás leve y que no supone pronunciamiento político alguno, no justifica, sin lugar a duda, la aplicación de una sanción ni, menos aun, de una de tal envergadura, y la vulneración, con ello, de los derechos involucrados”, concluye el documento.