Desde que asumió el cargo, en mayo, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, mantuvo un discurso de apertura al diálogo con distintos sectores, incluso con aquellos que habían tenido enfrentamientos con su antecesor, Rafael Correa, que pertenece a su mismo partido, Alianza País. Esa política de Moreno continúa ahora con una consulta a la ciudadanía, que no necesariamente será vinculante.

Para implementarla, el gobierno llamó a que distintos sectores presentaran posibles preguntas que podrán ser planteadas a los ecuatorianos para conocer qué piensan sobre distintos asuntos. En respuesta, según informó la agencia pública de noticias Andes, el gobierno recibió unas 450 preguntas hasta el martes, cuando cerró el plazo para presentarlas. El presidente informará al respecto el lunes, y se prevé que de las 450 preguntas propuestas queden sólo siete u ocho. Las seleccionadas serán enviadas a la Corte Constitucional para que las analice.

De acuerdo con Andes, los primeros en responder a la convocatoria fueron los integrantes de Yasunidos, un colectivo ambientalista enfocado en el parque Yasuní, un área protegida en la cuenca amazónica en la que se encuentra un enorme yacimiento de petróleo. Durante el gobierno de Correa, en 2007, el Ejecutivo ecuatoriano tomó de grupos ecologistas la propuesta para preservar esa reserva con apoyo internacional, pero no se logró mantener ese régimen y en 2013 se anunció que 0,1% de ese territorio se utilizaría para la explotación petrolera. La pregunta que presentó Yasunidos fue una que desde hace tres años se propone someter a una consulta popular: “¿Está usted de acuerdo con mantener el crudo del Yasuní ITT indefinidamente en el subsuelo?”.

Otro colectivo que presentó sus preguntas fue la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que apoyó a Correa a comienzos de su primer gobierno pero después fue muy crítica con su gestión. La propuesta de la Conaie para el referéndum consiste en tres preguntas. La primera refiere a la consulta previa a las distintas comunidades del país antes de legislar en asuntos que las afecten. La segunda, informó la agencia de noticias Efe, apunta a la prohibición de la minería, la explotación forestal y la extracción de petróleo en “áreas protegidas, zonas intangibles, fuentes y nacientes de agua, ecosistemas frágiles y territorios ancestrales”.

La tercera pregunta de la Conaie tiene que ver con la situación del vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, acusado de estar involucrado en el caso de supuestos sobornos pagados por la empresa constructora Odebrecht. Consiste en preguntarles a los ecuatorianos si están de acuerdo en que Glas deje sus funciones.

Ayer la Fiscalía de Ecuador ratificó sus sospechas de que Glas pudo haber cometido el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. El martes, el vicepresidente declaró ante la Fiscalía durante varias horas, y allí defendió su inocencia y reiteró que es víctima de una conspiración política.

Los cuestionamientos a Glas son uno de los puntos que motivaron divisiones en el oficialismo entre quienes defienden el liderazgo de Moreno y los partidarios de Correa. Entre estos últimos se encuentra el vicepresidente, al que Moreno le quitó todas las funciones, excepto la de quedar a cargo de la presidencia en caso de que él se ausente.

En esa pugna entre los dos sectores de Alianza País, el que lidera Moreno parece llevar ventaja, y hoy cuenta con 77% de aprobación, 11% más que al asumir el cargo. El miércoles 20, el Frente Unitario de Trabajadores, la mayor central sindical ecuatoriana, hizo una marcha multitudinaria para tomar partido por Moreno, pedir la renuncia de Glas y apoyar la consulta popular que impulsa el presidente.