En una decisión considerada histórica, el movimiento islamista Hamas anunció ayer que va a disolver el Comité Administrativo con el que gobierna la Franja de Gaza desde marzo de 2016 y que aceptará que ese territorio palestino sea dirigido por el gobierno que tiene sede en Cisjordania, la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

Hamas anunció en un comunicado emitido desde El Cairo, donde se llevaron adelante las negociaciones, que “disuelve el Comité Administrativo e invita al gobierno de consenso del primer ministro, Rami Hamdala, a venir a la Franja de Gaza de inmediato para llevar a cabo su misión y su deber”. Además de aceptar a la ANP, el acuerdo incluye la celebración de nuevas elecciones legislativas y presidenciales en todos los territorios palestinos.

Durante ocho días negociaron los delegados de Hamas y los de Al Fatah, el partido de Mahmoud Abbas, junto a mediadores egipcios. El objetivo era llegar a una solución en común para la situación en los dos territorios palestinos, cuyos gobiernos estaban enfrentados desde 2007. Ese año, Hamas decidió romper el gobierno de unidad con Al Fatah y tomó el control de la Franja de Gaza.

En 2014 se firmó un acuerdo de reconciliación que incluía la convocatoria a elecciones y la conformación de un Ejecutivo de unidad integrado por tecnócratas, pero más de un año después de la instalación de ese Ejecutivo, Hamas consideró que no atendía lo suficiente a Gaza y se quejó de que la mayor parte del presupuesto se quedaba en Cisjordania, donde se instaló la sede del gobierno debido a las dificultades que impone Israel para acceder a la franja.

Fue en marzo de 2016 que Hamás decidió conformar el Comité Administrativo que gobierna Gaza, pero desde ese entonces la situación de la población de la franja, que ya era difícil, empezó a empeorar. A las restricciones ya aplicadas por Israel –como la prohibición del envío de cientos de productos, algunos de ellos básicos–, se sumaron las represalias que tomó Abbas por la conformación de un “gobierno paralelo”. Entre otras cosas, el Ejecutivo de Al Fatah redujo 30% los sueldos de los funcionarios, dejó de enviar regularmente medicamentos y emitió una cantidad cada vez menor de permisos para que los ciudadanos de Gaza se pudieran tratar en hospitales fuera de ese territorio. Pero la decisión más dura fue la de dejar de pagar a Israel por el servicio de energía para Gaza, por lo que durante la mayor parte del día los ciudadanos de la franja no tenían electricidad. En las últimas semanas distintas oficinas de la Organización de las Naciones Unidas advirtieron que la situación era insostenible y que era necesario buscar soluciones.