El gobierno de Mauricio Macri presentará ante organismos internacionales un informe de la fiscal de la ciudad de Esquel, Silvina Ávila, en el que se repasan los procedimientos que se llevaron adelante para encontrar a Santiago Maldonado, el joven mochilero que desapareció el 1º de agosto en Esquel, donde participaba en la protesta de una comunidad mapuche que fue reprimida por la Gendarmería Nacional. El gobierno concluyó del informe judicial que no hay elementos para vincular a la Gendarmería con la desaparición.

En el texto la fiscal responsabiliza a la comunidad mapuche por algunos impedimentos en el rastrillaje de la zona en búsqueda de pistas y subraya que se avanzó en la búsqueda de evidencias “contra Gendarmería Nacional en el supuesto de [que pudiera] haber trasladado al joven en algún móvil oficial”. En el marco de esa búsqueda es que se allanaron los cuarteles de la Gendarmería, manifestó Ávila, y se encontraron “varios elementos” dentro de un camión, entre ellos “soga con una supuesta mancha de sangre” y “pelo”. Estos elementos fueron sometidos a peritajes cuyas conclusiones todavía no se conocen, agrega. Lo que se conoció hasta ahora es un resumen del informe, ya que varios elementos están sujetos al secreto de sumario.

La familia se mostró en desacuerdo con la fiscal. Su abogada, Verónica Heredia, anunció que pedirán que Ávila sea apartada de la causa si, levantado el secreto de sumario, se confirma que “niega la responsabilidad de la Gendarmería” en la desaparición de Maldonado. Además, Heredia criticó que en el informe preliminar la fiscal “ignora la relevancia de las filmaciones y los testimonios y acusa a la comunidad de no colaborar”. Tanto Heredia como organizaciones de derechos humanos señalaron varios aspectos que la fiscal no tuvo en cuenta en su informe, en especial los referentes a las irregularidades en el operativo. Una es que la filmación del operativo que la Gendarmería entregó a la Justicia está incompleta; otra es que los gendarmes ingresaron a la comunidad cuando la orden judicial implicaba sólo liberar el tránsito de la ruta que había sido cortada por los manifestantes; otra es que permanecieron en el lugar cinco horas después de haber liberado la ruta.

Heredia lamentó que el punto de partida de la investigación sea equivocado, porque “el operativo mismo de los gendarmes contra la comunidad” presenta irregularidades, y porque todas las circunstancias de la desaparición de Maldonado –cuya presencia en el lugar se quiso negar al principio– “acreditan su desaparición forzada”. Según testigos citados por la defensa y algunas filmaciones, Maldonado fue subido a una camioneta de la Gendarmería entre las 11.15 y las 13.30, un lapso del que la Gendarmería no tiene registro. “Se escucha que uno de los agentes grita ‘agarren a uno’, ¿y qué hizo la fiscal con ese video? ¡Nada!”, reprochó Heredia.

A partir del informe de Ávila, distintos jerarcas del gobierno aseguraron que no hay pruebas de que la Gendarmería haya estado vinculada con la desaparición de Maldonado. El informe de la fiscal será presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, organismos que instaron al gobierno a buscar a Maldonado. Además, el gobierno pedirá a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas que “supervise la investigación”.