Con el fin de aplacar las protestas contra el nuevo Código del Sistema Penal, el presidente Evo Morales anunció que está dispuesto a debatir la norma con sus detractores para hacer los ajustes que sean necesarios. Sin embargo, su gesto no convenció del todo a los manifestantes, que continúan en las calles y también rechazan que Morales pueda volver a postularse en las elecciones de 2019.

“A partir de este momento nos damos de plazo un año para socializar, para debatir los artículos cuestionados” del nuevo Código Penal, dijo el lunes el presidente desde el Palacio de Gobierno. El mandatario afirmó que “si de verdad” se demuestra que hay artículos que perjudican a algún sector social, tanto el gobierno como el Parlamento –en el que el oficialismo tiene mayoría– están abiertos para “modificar o perfeccionar la redacción correspondiente”. El anuncio llega un mes después de que el gobierno boliviano promulgó el nuevo código, que entraría en vigencia a los 18 meses. La aprobación de la norma provocó protestas masivas en todo el país, convocadas por distintos sectores de la sociedad, que no cesaron a pesar del anuncio del lunes. El nuevo código generó movilizaciones de médicos, maestros, comerciantes, trabajadores del transporte, estudiantes, sindicalistas y las iglesias católica y evangélica, entre otros que consideran que “criminaliza” su trabajo con penas hasta de cárcel.

Los médicos mantuvieron una huelga durante un mes y medio, y sólo volvieron a sus puestos de trabajo cuando Morales derogó, hace dos semanas, el artículo contra el que protestaban. Ese mismo día, también anuló el que suscitó las movilizaciones de los transportistas.

La semana pasada, los periodistas también se sumaron a la ola de rechazo contra el Código Penal porque, según alegaron en un comunicado, contiene algunos artículos que pueden ser utilizados contra los profesionales en represalia por su trabajo. Por eso, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Asociación de Periodistas de La Paz declararon una “emergencia nacional” del sector de la prensa. En concreto, cuestionaron la “ambigüedad” de los artículos 309, 310 y 311, que establecen sanciones a los delitos de injuria, calumnia y difamación. También denunciaron el “riesgo de instrumentalización política” del artículo 246, que regula la penalización al uso de datos personales o informaciones confidenciales ajenas “con el fin de afectar la imagen y la dignidad de la víctima”.

Los periodistas ya habían protestado en setiembre contra el código, por considerar que el artículo 200, que sanciona la mala práctica profesional, podría “dar brecha a la criminalización de periodistas”. Después de unas semanas de movilización, la Cámara de Diputados boliviana finalmente excluyó de ese artículo a los profesionales de la comunicación y agregó al texto el artículo 195, que penaliza delitos contra la libertad de expresión y de prensa.

En el último mes, la movilización social en Bolivia ha tomado la forma de paros, concentraciones, marchas y bloqueos de carreteras. A esto se suma una huelga de hambre que, hace ocho días, iniciaron 17 parlamentarios opositores, que consideran que la nueva legislación retrocede además en aspectos como la lucha contra la corrupción. “Ante resistencia ciudadana, Evo retrocede y pide a sus bases que revisen y socialicen el Código Penal. Retrocede de la peor manera, [...] la ciudadanía y las fuerzas democráticas exigen la anulación total de código”, escribió en Twitter uno de ellos, Samuel Doria Medina, también precandidato presidencial, después del anuncio del presidente. Incluso otro de ellos, Enrique Siles, fue más allá y el lunes se “crucificó” en la plaza principal de la ciudad de Cochabamba. Atado a una cruz de madera, Siles muestra un cartel que dice: “Por una Bolivia libre y democrática”. En otro, que cuelga de su cuello, dice: “No a la reelección”. Y es que a partir de esta semana, los bolivianos sumaron a las protestas el reclamo para que Morales respete los resultados del referéndum constitucional de 2016 –que rechazaron que se postule en las elecciones de 2019–, según confirmó ayer el alcalde de Cochabamba, José María Leyes.

A pesar de que las movilizaciones son concurridas, el presidente boliviano aseguró el lunes que “no hay una convulsión” en su país, sino “una conspiración de grupos de la derecha” contra su gobierno.

En la misma línea, el ministro de la Presidencia, René Martínez, consideró que si las protestas continúan a pesar de la invitación de Morales a debatir la norma, es porque hay un “componente político” en la movilización y un interés por “escalar en la conflictividad con la intención de buscar víctimas e incluso dar un golpe” a la actual administración. Para Martínez, se trata de una “conspiración” que está alentada por “enemigos externos, la oligarquía chilena y grupos residuales de derecha”, una “trilogía” que “busca acumular conflictividad e intenta cabalgar en todos los conflictos”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Héctor Arce, sostuvo que las protestas ya no tienen “justificación”, a no ser que “se basen en fines oscuros, mezquinos, sectarios y políticos”. Arce también criticó al Parlamento porque no favoreció una “suficiente socialización” de la ley antes de su aprobación, aunque defendió que, “como nunca antes”, hay “una gran voluntad” del gobierno para mejorarla.