El mismo día que cumplió un año en la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Donald Trump, se enfrentó al cierre parcial de su gobierno por la falta de fondos para financiar sus actividades. Esto sucedió porque republicanos y demócratas no lograron alcanzar un acuerdo en el Congreso acerca del presupuesto. La situación permaneció sin cambios hasta ayer, y el mandatario ya advirtió que, si este asunto no se resuelve pronto, los senadores republicanos deberán activar la llamada “opción nuclear”, un recurso que les permitiría aprobar el presupuesto por mayoría simple.

Se suponía que el sábado era un día de festejo para Trump: cumplía un año como presidente de Estados Unidos y había organizado una fiesta en su mansión de Mar-a-Lago, en el estado de Florida. Sin embargo, se vio obligado a cancelar los planes porque en la medianoche del viernes expiró el financiamiento de las agencias del gobierno sin que se hubiera logrado un acuerdo en el Senado sobre el nuevo presupuesto.

Para que fuera aprobada, la propuesta presentada por los republicanos tenía que contar con el apoyo de 60 senadores, de un total de 100, pero sólo 50 votaron a favor. Lo que pretendía la propuesta, que la Cámara de Representantes logró aprobar el jueves, era otorgar financiación al gobierno hasta el 16 de febrero, con el objetivo de prolongar el plazo de negociación entre demócratas y republicanos para un presupuesto definitivo. De haberse aprobado, hubiera sido la cuarta prórroga temporal de la financiación desde que comenzó el actual año fiscal, en octubre de 2017.

En realidad, en el centro de la discusión estaba la reforma migratoria de Trump. Los demócratas habían accedido a apoyar el presupuesto si el presidente prometía regularizar la situación de los casi 700.000 jóvenes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños y que no pueden ser deportados gracias al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que el gobierno pretende cancelar. Encontrar una solución a la situación de estos jóvenes –los llamados dreamers– aparece como algo urgente, teniendo en cuenta que el 5 de marzo se vence el estatus legal que el programa les concedió, lo que los dejaría expuestos a la deportación. A cambio de esto, los republicanos exigieron al Congreso 18.000 millones de dólares –durante una década– para construir el polémico muro en la frontera con México. No hubo consenso en ninguno de los puntos.

El gobierno fue contundente a la hora de rechazar el plan de la oposición. Después de la votación del viernes, la Casa Blanca afirmó en un comunicado que no negociará el estatus de los dreamers “mientras los demócratas utilizan a los ciudadanos legales de Estados Unidos como rehenes para lograr sus insensatas demandas”. Más tarde, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, insistió en que Trump “no negociará una reforma migratoria hasta que los demócratas dejen de hacer juegos y reabran el gobierno”.

El presidente subió un poco más el tono. El sábado, afirmó en Twitter: “Los demócratas están mucho más preocupados por los inmigrantes ilegales que por nuestras grandes Fuerzas Armadas o por la seguridad en nuestra peligrosa frontera sur. Ellos podrían fácilmente haber alcanzado un acuerdo, pero decidieron jugar a la política del cierre”. Ayer fue más lejos: en la misma red social, advirtió: “Si el punto muerto continúa, los republicanos deberían ir a por el 51% [opción nuclear] y votar un verdadero presupuesto a largo plazo, no resoluciones de continuidad”. La “opción nuclear” cambia las reglas del Senado: permitiría, en este caso, que los republicanos puedan aprobar el presupuesto al requerir sólo la mayoría simple de los votos, es decir, 51.

Los demócratas, por su lado, insistieron con que han estado dispuestos a asumir ciertos compromisos, pero que a último momento los republicanos sacaron de arriba de la mesa varios acuerdos que habían propuesto en un principio. “Negociar con el presidente Trump es como negociar con gelatina. Es casi imposible”, consideró el sábado el líder de la bancada demócrata en el Senado, Chuck Schumer, a quien el propio mandatario convocó de urgencia el viernes en la Casa Blanca para abordar el problema.

En la práctica, la paralización del gobierno implicó la suspensión de todas sus actividades. La primera consecuencia fue que los trabajadores del gobierno considerados “no esenciales” fueron suspendidos. Algunos aceptaron trabajar sin remuneración hasta que se apruebe el nuevo presupuesto, mientras que otros directamente se fueron a sus casas. La Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno estimó que unos 800.000 funcionarios, de un total de 3,5 millones, no podrán trabajar hasta que el Congreso alcance un acuerdo.

La última vez que el gobierno de Estados Unidos tuvo que cerrar por falta de fondos fue en octubre de 2013, cuando Barack Obama era presidente. En esa ocasión, la paralización –que se extendió durante 16 días– significó la suspensión de más de 800.000 funcionarios, el cierre de museos y parques nacionales, y la cancelación de tratamientos experimentales en los centros médicos de investigación. Las dimensiones del cierre actual todavía no están claras.

Todas a la calle

Marcha de mujeres, ayer, en Chicago. Foto: Scott Olson, AFP
Marcha de mujeres, ayer, en Chicago. Foto: Scott Olson, AFP

El festejo del primer aniversario de Trump en el gobierno también se vio opacado por la movilización de miles de personas que salieron a las calles para realizar la segunda edición de la Marcha de las Mujeres. La primera tuvo lugar el 21 de enero de 2017, un día después de la investidura de Trump como presidente de Estados Unidos, y quedó para la historia por la cantidad de personas que aglutinó.

La convocatoria de este año reunía las mismas consignas y otras nuevas, que se extendieron en forma de pancartas y discursos por Washington, Nueva York, Los Ángeles y otras 250 ciudades del país. Por un lado, las organizadoras exigieron la igualdad de derechos de mujeres, inmigrantes y miembros de la comunidad LGTBI, y se manifestaron contra las agresiones sexuales. Por el otro, protestaron contra las medidas que impulsó el presidente a lo largo del año en materia de inmigración y salud. En este último punto, la movilización hizo énfasis especialmente en lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. De hecho, tan sólo dos días antes, la administración Trump anunció la creación de una nueva oficina dentro del Departamento de Salud, encargada de priorizar la “libertad de conciencia y religión” en temas como el aborto y la esterilización.

La portavoz de la Marcha de las Mujeres, Emily Patton, dijo que la convocatoria de este año tenía como fin “mostrar apoyo para las mujeres que se postulan a elecciones” y “alentar a más mujeres a implicarse en la vida cívica”.

Trump no ignoró las protestas y el sábado, vía Twitter, escribió: “Hermoso día en todo nuestro gran país, un día perfecto para la Marcha de las Mujeres”. En un tono irónico, siguió: “Salgan ahora a celebrar los hitos históricos y los éxitos económicos sin precedentes, así como la creación de riqueza que han tenido lugar durante los últimos 12 meses. ¡El desempleo femenino más bajo en 18 años!”.