Las negociaciones entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sufrieron un nuevo revés ayer, cuando el presidente Juan Manuel Santos ordenó el regreso de sus representantes para “evaluar el futuro del proceso”. El diálogo fue suspendido antes de que comenzara su quinta ronda, y quedó descartado cualquier intento de renovar el cese del fuego, que se extendió desde el 1º de octubre hasta el martes.

Estaba previsto que el martes comenzara la quinta ronda de negociaciones entre el gobierno y el ELN en Quito, la primera en la que participaría una nueva delegación del Ejecutivo de Santos, que fue conformada en diciembre. El Poder Ejecutivo colombiano postergó ese encuentro por 24 horas, y finalmente se canceló.

La renovación del cese de las hostilidades estaba en dudas desde hace varias semanas, y las dos partes se acusaban mutuamente de no respetarlo. Antes de fin de año el ELN acusó al Ejército de haber bombardeado uno de sus campamentos y aseguró que los guerrilleros presos estaban siendo torturados. Por su parte, el gobierno denunció que combatientes de ese grupo se habían enfrentado con disidentes de la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, lo que violaba el fin de hostilidades.

El gobierno y el ELN siempre estuvieron en desacuerdo sobre el alcance del cese del fuego y respecto de la actitud que debería mantener la guerrilla mientras se desarrollaban las negociaciones. A diferencia de las FARC, que desescalaron el conflicto cuando comenzaron las conversaciones en La Habana, el ELN ha mantenido su avance en zonas que fueron abandonadas por la guerrilla desmovilizada, continuó con los secuestros de civiles como forma de financiarse y suele obstruir los intentos de supervisión del Mecanismo de Monitoreo y Verificación de la Organización de las Naciones Unidas. Otra diferencia con respecto al proceso que tuvo lugar en La Habana es que hay grupos de guerrilleros que no parecen dispuestos a desmovilizarse, y los negociadores en Quito tampoco han salido a rechazar públicamente esa resistencia.

El 29 de octubre, a menos de un mes de que hubiera entrado en vigor el cese del fuego, el ELN se responzabilizó de la muerte del líder indígena Aulio Isarama Forastero, a quien acusó de tener “relación con la inteligencia militar”. Manifestó que su muerte había sido un accidente, pero los estudios forenses concluyeron que fue asesinado. En un comunicado, el ELN dijo que lamentaba “profundamente” lo sucedido, pero en ningún momento condenó públicamente a los responsables.

Por su parte, el grupo armado no sólo ha acusado al gobierno de continuar con la ofensiva contra sus integrantes pese al cese del fuego, sino que también ha señalado que la falta de implementación del acuerdo de paz con las FARC, y los “incumplimientos severos” por parte del gobierno, restan confianza en el proceso de negociaciones.

La gota que desbordó el vaso llegó con el fin del cese del fuego. El Ejército había anunciado que estaba pronto para retomar la ofensiva armada contra el ELN, pero la guerrilla lo hizo antes: horas después de que terminara la tregua, llevó a cabo dos ataques. En uno de ellos atacó un pozo petrolero de la empresa estatal Ecopetrol, mientras que en el otro el blanco fue un oleoducto de una empresa privada; en este último caso también lanzaron una granada contra dos integrantes de la Armada que estaban en el lugar, quienes sufrieron heridas.

Santos dio un discurso en el que rechazó estos ataques y anunció que había pedido al presidente del equipo negociador del gobierno, Gustavo Bell, que viajara desde Quito, donde se desarrollan las conversaciones, a Bogotá “para evaluar el futuro del proceso”. También dijo que ordenó a las Fuerzas Armadas que actúen “con contundencia para responder a esta agresión y proteger la vida y honra de los colombianos”. Agregó: “Mi compromiso con la paz será indeclinable, pero a esta se llega con hechos concretos, no sólo con palabras”. Por su parte, el equipo negociador del gobierno dijo que el del martes no fue “sólo un atentado al oleoducto” sino “una afrenta directa a las comunidades”.

Santos también reveló que el gobierno le ofreció a la guerrilla la renovación automática del acuerdo de cese del fuego, pero el ELN se negó a mantenerlo en las mismas condiciones. Las dos partes han asegurado que estaban dispuestas a detener las hostilidades, pero se acusan mutuamente por no haber logrado un acuerdo al respecto.

Ayer el ELN lamentó la decisión del gobierno y le pidió que la reconsidere, con el objetivo de “solucionar la crisis”. Además, amenazó con retirarse de la mesa de negociaciones “si no hay una pronta respuesta”. Acerca de los ataques, el ELN dijo que “los incidentes [...] ocurren en medio de la compleja situación de conflicto que sufre el país”, y consideró que “pese a ellos, no debe alterarse el curso de las conversaciones para lograr una salida política del conflicto”.

Mientras las dos posturas parecen irreconciliables, el senador Iván Cepeda y el diputado Alirio Uribe, promotores del acuerdo con las FARC y las negociaciones con el ELN, propusieron que las comisiones de paz del Congreso intervengan para “contribuir en la búsqueda de una salida a la crisis”.