El Ministerio del Interior (MI) decidió reprogramar el traslado de personas privadas de libertad a la nueva cárcel de Punta de Rieles debido a que el movimiento fue publicado por el diario El Observador el 10 de enero. Tras la publicación, el gabinete de la cartera, con Jorge Vázquez como ministro interino, resolvió modificar el cronograma de traslado y no avisar a la prensa. “Se van a enterar cuando la gente ya esté ahí”, señalaron a la diaria desde el MI.
La secretaría de Estado seleccionó a las personas privadas de libertad que serán trasladadas. Los criterios utilizados para elegirlas tampoco fueron comentados. Su difusión “generaría mucha presión interna, incluso dentro de los centros carcelarios. A favor y en contra. Para alguna gente eso significa condiciones de reclusión mucho más dignas, mucho mejores. Pero para otros significa perder un espacio que se lo ganan en base a los vínculos que tienen”, explicó un alto funcionario de la secretaría de Estado.
La Unidad de Internación número 1 (UI 1) será controlada por microondas en su perímetro exterior. Los casi 2.000 presos convivirán en 50.000 metros cuadrados entre espacios exteriores e interiores. El Estado pagará 15.000 dólares durante 20 años a la concesionaria de la obra por la alimentación, el mantenimiento y la construcción del espacio de reclusión que financiaron mayormente las AFAP.
En la UI 1 el control es tecnológico. Un centro de monitoreo de cámaras ordenará la seguridad. Los guardias no tendrán contacto con los reclusos, y los que controlen la salida y la entrada a los pabellones estarán protegidos por fortísimos vidrios blindex. La alimentación tendrá un alto componente nutritivo: pollo, pescado, verduras, todo a 2.900 kilocalorías por día.