14 de noviembre de 2014

Fue detenido el entonces dueño de OAS, Léo Pinheiro, por su presunto involucramiento en el esquema de corrupción de Petrobras. Al ser condenado a 16 años de prisión, en junio de 2016, aceptó hacer un acuerdo de delación premiada, por el que dio a conocer todo lo que sabía sobre el esquema a cambio de una reducción de la pena, y negoció que su condena fuera reducida a seis años de prisión, lo que en las normas brasileñas es una pena excarcelable, por lo que fue liberado. Su primera delación fue rechazada, informó en su momento el diario Folha de São Paulo en base a fuentes cercanas a la investigación, porque no incluía revelaciones contra Luiz Inácio Lula da Silva. Pinheiro fue arrestado y su condena aumentada nuevamente a 16 años.

27 de febrero de 2016

En la fiesta por el 36º aniversario del Partido de los Trabajadores, Lula dijo que planeaba volver a ser candidato a la presidencia. “Van a tener que derrotarme en la calle”, aseguró, “tendré 72 años, pero estoy tan dispuesto y listo como un hombre de 30”.

4 de marzo de 2016

Un amplio operativo policial fue desplegado en la residencia de Lula, en San Bernardo do Campo, con una gran cobertura mediática. La casa fue allanada y el ex presidente detenido para prestar declaración, en una metodología que fue criticada porque él siempre había acudido a prestar declaración cuando la Justicia se lo había solicitado. Estuvo detenido tres horas, durante las cuales reiteró que es inocente. A la salida del interrogatorio, se dirigió a cientos de seguidores que se reunieron espontáneamente para esperarlo. Denunció que era víctima de una “caza de brujas” y que su detención “sirvió más como circo mediático que como parte de una investigación seria”. La Policía Federal emitió un comunicado esa noche en el que aseguraba que Lula tenía responsabilidad en el esquema de corrupción de Petrobras porque era el líder del partido que, sostienen, se benefició con sobornos y fue, durante su presidencia, “el responsable último de la decisión sobre quiénes serían los directores de Petrobras”.

16 de marzo de 2016

Mientras el gobierno de Dilma Rousseff atravesaba una crisis política y se rumoreaba que podía designar a Lula ministro para que la ayudara a dominar la bancada oficialista que todavía la respaldaba, Sérgio Moro aprobó la divulgación de una serie de audios vinculados con la investigación sobre Lula, entre ellos uno de una conversación con Rousseff, de quien se despidió con el ya clásico “Tchau, querida”. En el diálogo, Rousseff le dijo a Lula que le mandaba los papeles para su asunción como ministro y que los utilizara “en caso de necesidad”. Moro fue sancionado por el Supremo Tribunal Federal (STF) por la divulgación de los audios, especialmente porque involucraban a la presidenta, y tuvo que pedir disculpas, aunque más adelante dijo que no se arrepentía de lo que había hecho. Su objetivo, aseguró, era impedir que Lula fuera designado ministro con el único objetivo de obstruir la actuación de la Justicia, o, mejor dicho, su actuación, ya que en ese caso la investigación recaería en el STF. La divulgación de los audios generó una serie de protestas espontáneas de la oposición. Lula finalmente no fue designado ministro.

31 de agosto de 2016

Rousseff fue destituida en un juicio político en el que se la acusó de cometer delitos vinculados con la gestión en su gobierno anterior y no con el esquema de corrupción de Petrobras.

14 de setiembre de 2016

El equipo de fiscales que trabajaba con Moro en la investigación del esquema de corrupción de Petrobras denunció a Lula por corrupción pasiva y lavado de dinero en una presentación pública que incluyó un power point en el que el nombre de Lula aparecía rodeado de elementos que llevarían a concluir su responsabilidad en el caso: “mayor beneficiado”, “declaraciones”, “gobernabilidad corrompida”, “personas próximas al mensalão”, “enriquecimiento ilícito”. El fiscal que presentó la denuncia, Deltan Dallagnol, aseguró que Lula “era el maestro de esta gran orquesta armada para saquear los cofres de Petrobras y de otros órganos públicos. Era el general que estaba en el comando del inmenso engranaje de este esquema”. Las palabras eran duras, pero en su exposición Dallagnol y otros fiscales que participaron en el evento reconocieron que no tendrían pruebas para respaldar sus acusaciones y argumentaron que las partes habían escondido bien los delitos que habían cometido.

20 de setiembre de 2016

Moro aceptó la denuncia del Ministerio Público Federal por corrupción pasiva y lavado de dinero. Después de haber sido sancionado por el STF por divulgar los audios de Lula, Moro advirtió que la aceptación de la denuncia no implicaba que el ex presidente fuera responsable de estos delitos y señaló que es necesario explicitarlo porque la acusación en su contra puede “dar paso a reacciones de todo tipo”.

20 de abril de 2017

El delator Pinheiro cambió de abogados e hizo un nuevo acuerdo diciendo que Lula era el verdadero propietario del apartamento en Guarujá, San Pablo. Su condena fue reducida a cinco años, obtuvo un beneficio mayor al esperado y fue excarcelado. Entregó como pruebas el hecho de que dos autos del Instituto Lula pasaran por un peaje cercano a Guarujá en 2011 y 2013, y llamadas telefónicas entre él y personas cercanas a Lula y una presunta agenda de Lula en la que figuraba que se reuniría con Pinheiro. Aseguró que él era la única persona de OAS involucrada con la coima pagada a Lula por medio del apartamento. Esta declaración fue la primera prueba de lo que hasta ese momento eran versiones de prensa y fue clave para que Moro condenara a Lula.

12 de julio de 2017

Moro condenó a Lula con elementos de lo que en Brasil se conoce como batom na cueca (lápiz de labio en el calzoncillo): los indicios y las sospechas eran tantos que tenía que ser responsable de los delitos de los que era acusado, aunque no hubiera pruebas de que el apartamento de Guarujá fuera suyo ni de que hubiera beneficiado a OAS con ningún contrato de Petrobras. Una de las pruebas recogidas en la condena fue que “todos los vecinos” del edificio de Guarujá dijeron que se comentaba que Lula viviría en ese apartamento, aunque eso nunca sucedió. Moro condenó a Lula a nueve años y medio de prisión, una multa de 200.000 dólares y 19 años de inhabilitación política. Los abogados de Lula difundieron un comunicado en las redes en el que aseguraban que el ex presidente fue “objeto de una investigación políticamente motivada”, que no había elementos que comprobaran su culpabilidad y que las “pruebas abrumadoras de su inocencia” fueron “ignoradas descaradamente” en el proceso. También anunciaron la apelación y aseguraron que estaban dispuestos a recurrir a tribunales internacionales después de agotar las instancias judiciales en Brasil.

24 de enero de 2018

El Tribunal Regional Federal de la 4 a Región ratificó la condena de Moro a Lula y aumentó la pena de prisión de nueve y medio a 12 años y un mes. Los tres jueces de este órgano argumentaron, al igual que el Ministerio Público y Moro, que la ausencia de pruebas era resultado de “la ocultación” vinculada a este tipo de delitos y que era responsable por haber designado a directores de Petrobras que sí se comprobó que cometieron delitos.