La Corte Interamericana de Derechos Humanos respondió a una consulta presentada por Costa Rica, y manifestó, por unanimidad, que los estados deben garantizar los derechos de las parejas formadas por personas del mismo sexo, y reconocer la identidad de género.
Definió a esta identidad como “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento”. En su pronunciamiento, la corte agregó que “el reconocimiento de la identidad de género por el Estado resulta de vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas trans”.
En cuanto al matrimonio igualitario, el tribunal señaló que el sistema interamericano de derechos humanos no defiende un modelo familiar específico, y que la definición de familia no implica que la conforme una pareja heterosexual. Agregó que “crear una institución que produzca los mismos efectos y habilite los mismos derechos que el matrimonio, pero que no lleve ese nombre, carece de sentido, salvo el de señalar socialmente a las parejas del mismo sexo”. Consideró que una distinción entre las uniones homosexuales y las heterosexuales “resultaría discriminatoria, y por tanto incompatible con la Convención Americana”. La corte reconoció que puede haber dificultades en los distintos países para hacer las reformas necesarias para reconocer estos derechos en forma plena, pero los llamó a “impulsarlas realmente y de buena fe”.
Una muestra de esas dificultades fue la reacción que despertó el pronunciamiento entre los políticos costarricenses. Algunos lo celebraron, como el candidato oficialista a la presidencia, Carlos Alvarado, o el del Frente Amplio, Edgardo Araya, de izquierda. En cambio, Mario Redondo, de la Alianza Demócrata Cristiana, acusó a la corte de “violar la soberanía costarricense” y agregó: “No vamos a aceptar que desde afuera vengan imponer el aborto, una agenda de muerte, y el matrimonio entre personas que no son heterosexuales, [una agenda] contraria a la vida y la familia”. También uno de los vicepresidentes del Parlamento hondureño, Antonio Rivera, dijo, según citó la agencia de noticias Efe, que la Constitución de su país no reconoce el matrimonio homosexual y que el fallo de la corte “no es vinculante”.
Por su parte, varias organizaciones sociales celebraron la respuesta de la Corte Interamericana, entre ellas el Frente por los Derechos Igualitarios. La organización manifestó en un comunicado que “ahora lo que sigue es ver cómo será la actuación del Estado” y la posibilidad de que “las personas sepan de esta resolución para que puedan reclamar sus derechos”.