El presidente de España, Mariano Rajoy, advirtió que la aplicación del artículo 155 de la Constitución –mediante el que cesó a todos los miembros del gobierno catalán y asumió competencias regionales– seguirá en vigor en Cataluña si el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont mantiene su intención de ser investido desde Bruselas. Mientras tanto, Puigdemont sigue convencido de que es necesario restituir el “gobierno legítimo” que, a su entender, él encabeza.

Cuando en octubre el gobierno de Rajoy aplicó el artículo 155, el plan a seguir era clarísimo: cesar a todos los miembros del gobierno, asumir las competencias regionales y convocar a nuevas elecciones autonómicas, que fueron celebradas el 21 de diciembre. El escenario que se dibujó después de esos comicios complicó la estrategia original del presidente español, que pensó que el independentismo –con sus líderes que renunciaron, están presos o huyeron a otro país– perdería fuerza.

En cambio, los partidos soberanistas Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya sumaron la mayoría de los escaños del Parlamento y, junto a la también soberanista Candidatura de Unidad Popular (CUP), intentan ahora reeditar la alianza que establecieron en el anterior período de gobierno. Sin embargo, no está claro todavía cómo harán para investir un presidente, considerando la difícil situación en la que se encuentran sus líderes. El ex presidente Puigdemont, líder de Junts per Catalunya, se encuentra en la capital de Bélgica desde que fue destituido y pesa sobre él una orden de detención, por lo que será arrestado si pisa territorio español. En tanto, el líder de ERC, el ex vicepresidente Oriol Junqueras, continúa en prisión. Los dos dirigentes están acusados de sedición, rebelión y malversación de fondos por el intento de declarar la independencia catalana.

La semana pasada, Puigdemont insistió una vez más en que “no es posible volver a Cataluña” y propuso asumir el cargo desde Bruselas, ya sea por medio de una videoconferencia o de un representante que lea su discurso en la sesión del Parlamento catalán.

En medio de este panorama, Rajoy rompió el silencio y aseguró ayer que “el artículo 155 seguirá en vigor” si Puigdemont llega a ser investido presidente desde Bruselas. Según explicó, no se trata de un capricho suyo sino que es lo que establece “el decreto aprobado en el Senado” cuando se votó la aplicación del 155. Rajoy dijo que el plan del ex mandatario catalán es “absurdo”, considerando que está en la capital belga “y fugado de la Justicia”. Precisó que no es un problema de leyes, sino “de puro sentido común”, ya que no se puede ser “presidente a distancia, ni por delegación, ni por otra suerte de trampa”.

Si a pesar de todas las advertencias Puigdemont sigue adelante con su idea, Rajoy aseguró que el gobierno recurrirá la medida ante el Tribunal Constitucional. Agregó que ante el “supuesto imposible” de que fuera elegido presidente, de todas maneras no podría asumir el cargo estando en Bruselas porque es un acto que requiere de su presencia física.

Más allá de que los resultados electorales ya les jugaban a favor, la pelota quedó definitivamente del lado de los soberanistas después de que el partido más votado en las elecciones, el antiindependentista Ciudadanos, intentó sin éxito formar una mayoría de gobierno con el Partido Popular (PP), el Partido de los Socialistas de Cataluña y En Comú-Podem.

En otro tramo de su discurso, que tuvo lugar en una reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, el presidente español defendió la aplicación del mencionado artículo constitucional “a pesar de que era un artículo para no aplicarse”, porque la de Cataluña es “la crisis política más grave de España en su historia reciente”. El 155 “se ha aplicado y no ha pasado nada”, dijo Rajoy, porque “la vida continúa” y “se ha sentado un precedente para el futuro”.

Consideró, en este sentido, que “la respuesta del gobierno ha sido buena para España” porque “se ha restituido la legalidad, que era el objetivo prioritario” y se logró anular la declaración de la independencia. A su entender, con esa decisión quedó en evidencia que “España y su democracia tienen instrumentos para defenderse y que, cuando la atacan, se defiende”.

También ayer, la vicepresidenta de España, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que la investidura a distancia que pretende Puigdemont es “inasumible y absolutamente perjudicial para los intereses de todos”, y le pidió al ex presidente catalán que asuma que “ha llegado al final del trayecto”.

Unas horas después, Puigdemont les respondió en Twitter: “Rajoy ha obtenido cuatro diputados [en las elecciones de] el 21 de diciembre y continúa gobernando Cataluña desde Madrid. Sea demócrata y respete la decisión del Parlamento catalán de restituir el gobierno de Cataluña”.

En principio, la conformación del nuevo Parlamento catalán está fijada para mañana y se espera que la primera sesión de investidura tenga lugar antes del 1º de febrero, por lo que las soluciones tendrán que concretarse en los próximos días.

A devolverla

La Audiencia de Barcelona determinó ayer que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) –la formación antecesora del Partido Demócrata Europeo Catalán, que hoy lidera Carles Puigdemont– cobró comisiones ilegales por más de ocho millones de dólares de una constructora a cambio de adjudicarle obras públicas. De acuerdo con el fallo judicial, la constructora camuflaba ese desvío de fondos en donaciones que hacía al emblemático Palau de la Música de Barcelona. La sentencia llega ocho años después de que las autoridades catalanas encontraran en ese edificio pruebas del desvío de fondos de la sociedad Orfeón Catalán y de sus máximos responsables, Fèlix Millet y Jordi Montull. Los magistrados a cargo del llamado “caso Palau” ordenaron la incautación de los millones de dólares desviados y condenaron a cuatro años y cinco meses de cárcel por “tráfico de influencias” y “blanqueo de capitales” al ex tesorero de CDC Daniel Osácar. En tanto, la audiencia impuso una pena de nueve años y ocho meses de cárcel para Millet, y de siete años y medio para Montull, quien era su mano derecha. Durante el juicio, los dos confesaron haberse apropiado del dinero y reconocieron que el Palau sirvió para la financiación irregular del partido catalán durante una década (1999-2009).