El gobierno argentino publicó ayer un decreto en el que dispone algunos cambios en las paritarias –las negociaciones salariales– de la educación que, según los trabajadores, diezman el poder del principal sindicato del rubro, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera).

La modificación más criticada es la que establece que en las paritarias ya no habrá una representación proporcional de los gremios, lo que le permitía a la Ctera tener cinco lugares y a los otros cuatro sindicatos uno cada uno. A partir de ahora, cada sindicato contará con un solo representante, sin importar la cantidad de afiliados con los que cuente. “Es una aberración, nosotros representamos a más de 400.000 docentes en todo el país”, reclamó el secretario adjunto de la Ctera, Roberto Baradel, en declaraciones a la agencia de noticias Télam. Baradel también consideró ilegítima la forma de hacer esta modificación, mediante un decreto, una metodología usualmente utilizada por el presidente Mauricio Macri y muy criticada por sus opositores. De hecho, tanto en el Congreso como en la Justicia la oposición está intentando articularse para conseguir la anulación de un decreto emitido la semana pasada que hace 140 modificaciones y deroga casi 20 leyes con el objetivo de “desburocratizar” al Estado.

Además, con el decreto publicado ayer el gobierno establece un piso para el aumento salarial que se acuerde en las paritarias, que debe ser 20% superior al salario mínimo vigente, lo que equivale a unos 600 dólares. La Ctera también criticó esta disposición, reclamando que ese piso debe ser acordado en la mesa de negociaciones y no establecido por el gobierno de forma unilateral.

Estas modificaciones recaen sobre la paritaria nacional de la educación, que tiene entre sus principales funciones la de establecer un salario mínimo docente, que a su vez es el piso para las negociaciones en cada una de las provincias.

La secretaria general de la Ctera, Sonia Alesso, y su antecesor, el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, Hugo Yasky, presentarán una denuncia por este decreto ante la Organización Internacional del Trabajo y la Internacional de la Educación para América Latina.