Con la presencia del PIT-CNT en las barras, la Cámara de Representantes aprobó ayer el proyecto de Fondo de Garantía de Créditos Laborales, conocido como el proyecto de ley de insolvencia patronal. El diputado frenteamplista Luis Puig hizo referencia a la situación que viven los trabajadores cuando quiebra una empresa, y sostuvo que “el mecanismo actual para garantizar el cobro efectivo y oportuno de los créditos laborales es insuficiente”, por lo cual el empleado termina asumiendo el “fracaso de la gestión de la empresa”. El salario, señaló, “constituye la garantía de su manutención y la de su familia”, y por ese motivo debe ser “especialmente protegido por el derecho laboral”.
El diputado acotó que el empresario tiene como obligación pagar el salario al trabajador, pero que esto sucede con “posterioridad a que realice su tarea”. Según Puig, esta situación coloca al trabajador en una situación de desventaja cuando la empresa quiebra, ya que si bien el empresario es el que asume “los riesgos de la explotación económica”, lo hace apropiándose previamente de “los frutos del trabajo del trabajador”, y en el período que existe entre la “finalización de la prestación del trabajo y su pago efectivo” el “riesgo se traslada al trabajador”.
El legislador aseguró que la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo mantiene los aspectos medulares del proyecto que impulsó, junto con el diputado Carlos Reutor, en 2015. El objetivo de la iniciativa, señaló, es “garantizar efectivamente [el pago de] los créditos laborales en caso de insolvencia patronal”, y agregó que si bien ya existen para eso otros instrumentos jurídicos, como la ley de concurso aprobada en 2008, esta iniciativa busca subsanar el problema que se da cuando “no hay recursos y los trabajadores no cobran”.
Si bien la mayoría de los legisladores del Partido Nacional (PN) coincidieron en que se trata de un proyecto necesario, varios argumentaron en contra del artículo que refiere a la financiación del fondo. Fue el caso de Gerardo Amarilla, quien señaló que no le convencía la forma en que se plantea ese aspecto. El fondo, que se creará en el ámbito del Banco de Previsión Social, será solventado por “una contribución especial de seguridad social patronal de hasta un máximo del 0,025% de las partidas que constituyan materia gravada”. En palabras dirigidas al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, que asistió a la sesión del plenario, dijo que la solución planteada por esa secretaría de Estado no le parecía justa porque el porcentaje en cuestión lo paga “la ecuación laboral”, de modo que se sigue “recargando con impuestos al trabajo”.
Trabajadores del PIT-CNT, ayer, en el Palacio Legislativo, durante la discución de la Ley de Insolvencia Patronal.
Foto: Pablo Vignali
Para el también nacionalista Rodrigo Goñi las empresas son las que generan puestos de trabajo, y en su opinión este proyecto tiene como consecuencia “desatenderlas”. Deslizó que no sabía si había sido por “mala voluntad o miopía ideológica”, pero afirmó que en los hechos se ha “desatendido a buena parte de las empresas que pueden estar con insolvencia provisoria”. Recalcó que la ley de concursos ha logrado que una “cuarta parte de las empresas que presentan una situación de insolvencia luego la superen”, según datos de la Liga de Defensa Comercial, y fue categórico al decir que esta iniciativa “perfora a la ley concursal, porque quien creó este proyecto de ley no tuvo en cuenta la situación de la empresa, que es la organización que genera empleo”, para concluir en que cuando se convierta en ley “se van a cerrar empresas de forma absolutamente innecesaria”.
Luego pidió la palabra Puig, quien puntualizó que “plantear que este proyecto va en contra de las empresas me parece que no tiene el menor fundamento”, y señaló que por cada 1.000 pesos nominales que las empresas aporten al BPS, 0,25 pesos irán al fondo. Agregó que, por otra parte, votar un proyecto que crea un fondo sin votar el financiamiento de este sería como no votarlo.
El diputado Fernando Amado, recientemente escindido del Partido Colorado, manifestó que iba a apoyar la iniciativa porque es “batllista” y “centra su foco en el eslabón más débil: los trabajadores”. Adelantó que la iba a votar en general y también al artículo que define el financiamiento “porque no hay morcilla sin sangre”, y preguntó si se pretendía que el fondo se financiara por “la gracia de Dios o del Espíritu Santo”. “Si se quiere crear un fondo, se tiene que prever un financiamiento”, insistió. En la misma línea opinó Eduardo Rubio, diputado de Unidad Popular, quien agregó que en el corto plazo se “avizoran dificultades” económicas, y que para que los “trabajadores no se queden a la intemperie” es “importante generar esta herramienta”.
Luego de cuatro horas de discusión, la iniciativa contó con votos de todos los partidos, salvo los de los nacionalistas Goñi y Edmundo Roselli. En la votación en particular, los legisladores del PN no acompañaron el artículo 10, que establece la forma de financiación del fondo. También rechazaron, junto con el Partido Colorado, el artículo que define que los trabajadores de “alta dirección”, como los directores y los gerentes generales, quedan excluidos del ámbito de aplicación de la ley. El diputado colorado Ope Pasquet argumentó que su partido entiende que los “trabajadores son todos”, independientemente del lugar “de la escala jerárquica en que se encuentren”.