Diputados del Frente Amplio (FA) quieren que se apruebe antes de fin de año una ley para regular el otorgamiento y el uso de viáticos de los funcionarios públicos cuando cumplen funciones en el exterior. El proyecto fue presentado en octubre de 2017 por los representantes del FA Daniel Caggiani, Lilián Galán, José Carlos Mahía, Gerardo Núñez y Jorge Pozzi, pero recién la semana pasada la Comisión de Presupuestos citó al Tribunal de Cuentas para que dé su opinión sobre el articulado.
Caggiani explicó a la diaria que al principio la idea era regular los viáticos de los parlamentarios y los funcionarios políticos del Poder Legislativo, pero después de una discusión en la bancada del FA se decidió extender el alcance de la norma a los poderes Ejecutivo y Judicial, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al Tribunal de Cuentas, a la Corte Electoral y a los servicios descentralizados. El representante del FA no descartó que se pueda incluir a las empresas estatales regidas por el derecho privado, pero dijo que “habría que estudiarlo desde el punto de vista legal”.
Caggiani aseguró que en el caso de los parlamentarios hay un “vacío” y la mayoría “no tienen una conducta de devolución de los viáticos”, por lo que entendieron que es necesaria una regulación. El representante sostuvo que la intención del oficialismo es que la ley se apruebe antes de fin de año.
El proyecto dice que los montos serían fijados “de acuerdo a la escala básica que fija el Ministerio de Relaciones Exteriores en base a la elaborada por Naciones Unidas [ONU] según el destino” y prevé un adelanto de 20% más para “cubrir imprevistos que puedan surgir durante el transcurso de la misión”. A su regreso, los viajeros tendrían diez días hábiles para presentar una rendición de cuentas. Tendrían que entregar fotocopias de su pasaporte y de los tickets aéreos de embarque, así como documentación que respalde los gastos, que deberían “corresponder a alojamiento, traslados, alimentación y extraordinarios, en caso de que fueran necesarios”; y, si les sobró dinero del viático, deberían devolverlo. Si en los diez días de plazo no rinden cuentas, en el sueldo del mes siguiente se les descontaría “el monto total entregado”. El texto incluye una disposición especial para los entes autónomos y los gobiernos departamentales, indicando que deben “tener en cuenta los principios de transparencia y rendición de cuentas”. Caggiani explicó que se trata de una norma “más programática” porque se debe respetar la autonomía de los entes y las intendencias. En la exposición de motivos, los diputados afirman que este proyecto está en línea con la ley que establece regulaciones sobre el financiamiento de los partidos políticos, la ley de acceso a la información pública y la que obliga a una serie de jerarcas, empezando por el presidente de la República, a hacer declaraciones juradas de sus bienes e ingresos.
El diputado del Partido Nacional (PN) y actual presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Gandini, dijo a la diaria que ya existe una norma para los gastos de los representantes en el exterior. Esta establece que los diputados tienen que hacer un informe escrito detallando sus gastos, y devolver lo que sobre de los viáticos. “En principio, soy reticente a que haya que hacerles juntar boletitas a los legisladores o ministros. No es blanco y negro el mundo, a veces te toca pagar la cena de muchos y a veces te la pagan a vos”, explicó. No obstante, dijo que estaría de acuerdo con una regulación que abarcara “desde el presidente de la República para abajo”.
Gandini especificó que en Diputados es la presidencia la que aprueba los viajes, pero sobre la base de un acuerdo para que sólo se autoricen misiones a la Unión Interparlamentaria, el Parlasur y el Parlatino. Dijo que si llegan invitaciones para otras cosas, como habitualmente pasa, no se viaja en misión oficial salvo que la presidencia lo permita expresamente. Es el caso de un viaje a Buenos Aires que Gandini hará el mes que viene junto a los presidentes de las comisiones de Derechos Humanos (Mercedes Santalla, FA), Asuntos Internacionales (Jaime Trobo, PN) y Seguridad (Graciela Matiaude, Partido Colorado-PC). El nacionalista explicó que es un encuentro de presidentes de parlamentos en el marco del G20, y que autorizó el viaje por el contenido de las reuniones.
Por su parte, el diputado del PN Sebastián Andújar, que forma parte de la Comisión de Presupuestos, se mostró a favor de extender la ley a los viajes dentro de Uruguay, aunque admitió que sería necesario ajustarla más. “No estamos de acuerdo en todos los aspectos del control, pero sí en el objetivo del proyecto”, dijo, y agregó: “Hay distintas circunstancias que se les pueden presentar a las personas, pero habría que ser muy finos sobre la justificación de los gastos”, que debería hacerse aunque hayan sido imprevistos.
A su vez, el diputado Conrado Rodríguez, del PC, dijo que estaría a favor de votar el proyecto “siempre y cuando genere transparencia”. Sobre los viáticos afirmó que, a su entender, se deberían ajustar “a la baja”, porque el costo de vida varía en los distintos destinos, y en ocasiones se terminan asignando partidas de dinero mayores que las necesarias.