Con un decreto publicado ayer en el Boletín Oficial, el gobierno argentino ordenó cerrar la investigación administrativa sobre la maniobra con la que intentó condonarle a la familia del presidente, Mauricio Macri, la deuda que el Correo Argentino mantenía con el Estado. La deuda, que data de hace 15 años –cuando el Grupo Macri gestionaba el Correo–, ascendía a 2.000 millones de dólares.
La orden fue firmada por la vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti, ya que hace dos semanas el presidente se excusó de intervenir en toda cuestión relacionada con el Correo Argentino para evitar “posibles conflictos de intereses”.
La investigación interna fue impulsada en febrero de 2017 por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, luego de que se diera a conocer el acuerdo entre el Estado y el Grupo Macri para cancelar la deuda. En concreto, Rodríguez pidió iniciar un sumario para investigar la actuación de los abogados del Estado que encabezaron esa negociación.
En este tiempo, la PIA entregó informes ante la Procuración del Tesoro y la Justicia penal por sospechas de que hubo funcionarios que negociaban el acuerdo con el Correo Argentino afuera de los tribunales. La investigación apuntó a que el hombre que había estado en el centro de esas maniobras era el entonces ministro de Comunicaciones y actual titular de Defensa, Oscar Aguad.
En junio, el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, resolvió dar por terminada la investigación. Rodríguez apeló la medida con un “recurso jerárquico” en el que advertía que no se había hecho una investigación completa de los hechos. El decreto publicado ayer rechaza este último recurso y, por lo tanto, pone punto final a las pesquisas internas.
En el texto, el gobierno señala que la investigación administrativa no debe continuar ya que, por pedido del presidente, se había declarado la nulidad del acuerdo entre el Grupo Macri y el Estado. Por otro lado, agrega que “los letrados actuantes en representación del Estado nacional lo hicieron conforme a expresas instrucciones del entonces ministro de Comunicaciones, por lo que sus conductas no generaron responsabilidad administrativa que les sea reprochable”.
El caso del Correo Argentino sigue teniendo abiertas dos causas judiciales: una comercial y otra penal. La comercial, presentada en 2003, gira en torno al monto de la deuda. A mediados de 2016, la compañía de la familia Macri propuso pagar el monto original de la deuda en 15 cuotas anuales con un interés de 7% anual. El gobierno la aceptó, pero la fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, pidió rechazar el acuerdo por “abusivo y perjudicial” para el Estado, ya que implicaba una quita de 98,2% de la deuda debido a que no se actualizaban los intereses. Ante la polémica que se generó, el gobierno terminó declinando la propuesta.
La denuncia penal fue presentada por el opositor Frente para la Victoria y está a cargo del juez federal Ariel Lijo. Por esta causa están imputados el presidente Macri y el ministro Aguad, entre otros.