El gobierno francés tiene entre sus planes reformar la llamada “ley de 1905”, que marca los límites entre el Estado y las iglesias, para reorganizar la presencia del islam en el país. La ministra de Justicia francesa, Nicole Belloubet, dijo la semana pasada que la idea no es “reescribir” la norma sino “aclarar algunas cuestiones ligadas a esa religión” –la segunda entre las más profesadas en Francia–, tales como su financiación o la formación de los imanes. Para esto, se enmendaría un tercio de la ley vigente.

El proyecto no plantea modificar los dos grandes principios de esta norma, que garantizan la libertad de conciencia y el libre ejercicio de la práctica religiosa y establecen que el Estado no reconoce ningún culto, no los subvenciona ni paga salarios a los religiosos. Lo que busca es adaptar una normativa aprobada a comienzos del siglo pasado “al avance del integrismo islamista”, según informó el diario francés L’Opinion, que tuvo acceso al borrador.

Una de las medidas contempladas en el texto es la de otorgarles a las asociaciones religiosas una “calidad de culto”, que les brindaría nuevos derechos pero también nuevas obligaciones –especialmente en lo que tiene que ver con la transparencia fiscal–. La etiqueta tendría una vigencia de cinco años y podría ser retirada en caso de infracción.

Además, el gobierno pretende permitir que las futuras asociaciones religiosas “posean y administren” los edificios asignados para el culto para que obtengan ingresos de alquiler y tengan así cierta autonomía financiera, afirma el diario. Al diversificar los recursos, el Elíseo busca especialmente limitar la influencia extranjera en suelo francés. En el mismo sentido, el proyecto también exige que cualquier contribución de un país, empresa o individuo extranjeros que sea superior a los 11.000 dólares debe ser declarada. Esto, dice el texto, “con el fin de garantizar el cumplimiento del orden público y la seguridad pública”. Una donación no declarada podría imponer a la asociación una multa equivalente a un cuarto de la suma en cuestión.

El mismo apartado plantea la posibilidad de que, en el futuro, las asociaciones religiosas puedan recibir ayuda estatal para reparaciones y energía, una buena noticia para estas comunidades que, actualmente, no tienen acceso a los subsidios públicos. De acuerdo con L’Opinion, la contraparte de esta decisión consistiría en que las asociaciones religiosas elaboren una contabilidad transparente que será vigilada por el Tribunal de Cuentas. En caso de no cumplir con las exigencias, podrían aplicarse multas de hasta 10.000 dólares.

El gobierno francés está trabajando igualmente en una disposición antipustch que proporcionaría a las asociaciones un escudo legal contra “intereses hostiles”, particularmente “la captura del recinto cultural por los predicadores radicales”. A la vez, quiere aumentar los poderes de la Policía de Cultos –contemplada en la ley de 1905– y endurecer las penas para los predicadores que cometan infracciones. El texto dice, por ejemplo, que “incitar a otros directamente para que no respeten las leyes o las órdenes de la autoridad pública” podría ser punible con una multa de 13.000 dólares.

Acerca de los imanes, el texto propone “intervenir” en su entrenamiento para que sean “imanes de la república francesa” y no “imanes de países extranjeros”.

El ministro del Interior francés, Christophe Castaner, dijo que esta semana se iniciará una ronda de consultas con los representantes de las grandes religiones en Francia para discutir los puntos de este proyecto, que describió como un “un texto inicial”.

En febrero, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, prometió “sentar las bases para toda la reorganización del islam en Francia” en un esfuerzo por “luchar contra el fundamentalismo” y “preservar la cohesión nacional”. En ese entonces, adelantó que presentaría un plan al respecto antes de fin de año. “Nunca le pediré a ningún ciudadano francés que sea moderado en su religión o que crea moderadamente en su Dios. Eso no tendría mucho sentido. Pero pediré a todos, constantemente, que respeten absolutamente todas las reglas de la república”, dijo Macron al semanario Le Journal du Dimanche. El presidente podría anunciar los detalles del proyecto de ley antes de enero, para que pueda discutirse en el Parlamento a principios de 2019.